Hora Cero

Elecciones, ambiente contaminado

Luis Alberto Romero

En el marco de las campañas que realizan los candidatos a la Presidencia, Senado, gubernatura y diputaciones federales y locales, las acusaciones y señalamientos mutuos entre los partidos se han vuelto cada vez más frecuentes.
Los panistas, por ejemplo, denuncian un presunto uso electoral de los programas sociales federales para beneficiar a los candidatos de PRI-Verde.
Los priistas y la gente de Morena indican señalan lo mismo, pero por parte de la Sedesol estatal para apoyar de forma indebida a los abanderados de PAN-PRD-MC.
El punto es que prácticamente no pasa una semana sin al menos dos o tres conferencias para exponer todo tipo de casos y presuntas trampas para sacar ventaja de los recursos y programas asistenciales.
En la Cámara Alta, por ejemplo, este lunes, las legisladoras Marcela Torres y Rocío Guzmán, denunciaron que recursos de Prospera (gobierno federal) eran usados en Tantoyuca, norte de Veracruz, para apoyar las campañas de José Antonio Meade y Manuel Francisco Martínez.
Las senadoras hicieron un llamado a las autoridades federales para evitar dichas irregularidades, que fueron motivo de una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
El comité municipal del PAN en ese lugar hizo lo propio; denunció que desde los programas Prospera y 65 y Más se coaccionaba el voto en Chicontepec, Chiconamel y Tantoyuca, la Huasteca Alta de Veracruz, para favorecer a PRI-Verde.
La denuncia no deja de resultar curiosa dado que durante años, en ese mismo lugar, los panistas han denunciado esas mismas prácticas por parte del PAN y de los gobiernos municipales emanados de ese partido.
El mismo día que el PAN se quejaba contra PRI-Verde, la diputada de Morena María del Rocío Pérez presentó en la Legislatura del Estado un Proyecto de Decreto que adiciona la Ley de Desarrollo Humano, a efecto de que se impida el uso clientelar de los programas sociales para favorecer intereses políticos.
El Movimiento de Regeneración Nacional ha sido enfático al señalar irregularidades en el manejo de los padrones de beneficiarios de los programas sociales. En la segunda semana de mayo, por ejemplo, la dirigencia estatal de ese partido acusó al gobierno estatal, al gobernador, y al candidato de la alianza PAN-PRD-MC por el presunto uso de programas sociales con fines electorales. Incluso, Manuel Huerta, dirigente estatal de Morena, se refirió a la entrega de monederos electrónicos, por parte de la administración estatal, durante el periodo de veda electoral.
El PRI, por su parte, también ha lanzado denuncias similares; en marzo pasado, el dirigente estatal del partido, Américo Zúñiga Martínez, señaló que la entrega de apoyos del programa “Veracruz comienza contigo”, por parte del gobierno estatal, se realiza sin control y con fines partidistas.
A los priistas les resulta sospechoso, por decir lo menos, que mientras el presupuesto estatal para el campo se haya recortado en 400 millones de pesos para este año, el dinero para programas sociales registre un incremento significativo, justo en el año electoral.
Por si fuera poco, el uso clientelar de los programas sociales no es la única queja en el marco del proceso electoral, y ni siquiera es la más grave; en reiteradas ocasiones, las dirigencias del PRI y de Morena han denunciado agresiones e actos de intimidación.
En ese marco se enfila Veracruz al cierre de las campañas; y mientras los partidos se lanzan acusaciones y denuncias por todo tipo de irregularidades, desde la Secretaría de Gobernación –Gobierno Federal– se incluye a la entidad entre los estados que son considerados como focos rojos por la presencia de cárteles de la delincuencia organizada y bandas dedicadas al robo de combustible. El ambiente, cuando faltan menos de tres semanas para la jornada electoral, no podría estar más contaminado. @luisromero85

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