Redacción
Con el voto a favor de los 46 diputados presentes en la sesión del pleno de la Legislatura del Estado, este jueves fueron aprobadas algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de combate a la corrupción.
Se trata del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución.
El proyecto discutido en la Legislatura del Estado plantea la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de prevenir, detectar y, en su caso, sancionar a quienes incurran en actos de corrupción. De igual manera, el ordenamiento aprobado establece las bases para la creación de un Comité Coordinador y un Comité Ciudadano de combate a la corrupción.
El Sistema Estatal Anticorrupción servirá “para prevenir, identificar y sancionar las conductas desplegadas por los servidores públicos que actualicen hipótesis de responsabilidad administrativa o cometan hechos de corrupción sancionados por la ley, a través de un área especializada, bajo la figura de Fiscalía, ubicada en la estructura de la Fiscalía General del Estado, dotada de autonomía de acción y decisión para efectuar sus investigaciones sobre los actos de comisión u omisión que produzcan conductas punibles; al tiempo de permitir figuras de control social mediante la instauración de un Comité Coordinador y un Comité Ciudadano”
Se instituye, de igual manera, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, “sustitutivo de las funciones del vigente Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, adicionándole las atribuciones suficientes para resolver sobre las imputaciones procesales de responsabilidad administrativa, y por las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por particulares involucrados en esas conductas”..
De igual manera, se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, se crear el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que tendrá las facultades de dirimir y resolver en materia de responsabilidades administrativas, “debiendo ser el encargado de sustanciar los procedimientos relacionados con faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por particulares relacionados con las mismas”.
En cuanto a la disciplina financiera, los diputados que integran la Legislatura del Estado aprobaron liminar los principios de anualidad y posterioridad, respecto de la función de fiscalización; adicionar la facultad de fiscalizar en forma posterior la deuda pública; fiscalizar en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las participaciones federales; fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes, respecto a los empréstitos que cuenten con la garantía del Estado; promover las responsabilidades que sean procedentes, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones, derivado de sus investigaciones; y entregar al Congreso del Estado, a más tardar el primer día del mes de octubre el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública.
La ley aprobada establece también que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) contará con facultades para revisar las cuentas públicas; y si detectara discrepancias entre ingresos y egresos, podrá determinar responsabilidades.
Por otro lado, el Orfis tendrá la posibilidad de iniciar las revisiones a los entes fiscalizables a partir del primer día hábil siguiente al cierre de cada ejercicio fiscal; es decir, podrá auditar prácticamente de inmediato, al terminar los ejercicios.
