Redación Hora Cero
En una década, de 2006 a 2016, el gobierno federal canalizó recursos a las entidades federativas por más de 128 mil millones de pesos para fortalecer las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Esos recursos, en teoría, debieron ser aplicados para la capacitación de elementos policiacos, peritos, agentes del Ministerio Público y policías judiciales; para equipamiento y mejoras en los centros de readaptación social.
De forma paralela a esa cuantiosa inversión federal en los estados, los índices delictivos en nuestro país se dispararon de forma considerable: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, consigna que en una década, la cantidad de los delitos totales en el año pasó de un millón 471 mil a un millón 608 mil; los homicidios dolosos, de 11 mil 800 a 20 mil 500; y los secuestros, de 703 a más de mil 100; es decir, a pesar de esos recursos invertidos en seguridad, el número de ilícitos no sólo no baja, sino que tiende a crecer de forma considerable y sostenida. En la última década no hay un año que registre menos delitos que el año inmediato anterior.
La Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, dio a conocer el estudio “Panorama del Gasto Federal en Seguridad 2006-2016”, en el que expone los detalles de la inversión pública canalizada a las entidades federativas.
De acuerdo con ese reporte, por ser las más pobladas, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco son las entidades que más recibieron recursos federales que debieron ser canalizados a las áreas de seguridad; con más de 31 mil 400 millones de pesos, esos cuatro estados concentran una cuarta parte del dinero que la Federación envió para todas las entidades del país.
Sin embargo, ello no se ha traducido en un mejor nivel de seguridad para la población de esos estados, indica el citado reporte.
Asimismo, expone que los recursos que se han canalizado a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, más de 90 mil millones de pesos, han servido de muy poco para reducir los índices delictivos. Ese dinero debió ser utilizado para “reclutamiento, formación, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública…”, para el equipamiento de las policías judiciales, telecomunicaciones, servicio telefónico de emergencia, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para procuración e impartición de justicia, y para los centros de readaptación.
A pesar de esa inversión federal, Veracruz, por ejemplo, pasó en una década, de 2016 a 2016, de 434 a más de mil 200 homicidios dolosos, el triple; y de 7 a 132 secuestros, casi mil 900 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo.
