Redacción Hora Cero
El Congreso local dio trámite a la propuesta presentada por el legislador del PRD Sergio Rodríguez Cortés, en la que plantea una pena de cárcel hasta por diez años a aquel funcionario público que al ser requerido para una comparecencia rinda informes falsos, falte a la verdad en sus declaraciones, incumpla en proporcionar los informes, datos o documentos relevantes relacionados con el desempeño de su encargo.
Lo anterior de acuerdo con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones del artículo 320, del Código Penal de Veracruz.
En su exposición de motivos Rodríguez Cortés señaló que durante las comparecencias “los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo estatal, buscamos cumplir con el precepto de equilibrio de poderes al pedir cuentas del desempeño de cada área sustantiva del gobierno estatal, en el ejercicio adecuado de los recursos públicos y los resultados de la planeación para el desarrollo del estado. Sin embargo -agregó- la mayoría de las ocasiones los funcionarios, después de su exposición de sus actividades al frente de la dependencia, difícilmente responden a cuestionamientos planteados por los legisladores, o se rehúsan a ampliar la información que ofrecen, remitiéndose a lo expuesto en su guion”.
Indicó que las comparecencias en un pasado reciente, sólo habían servido para la promoción personal de los funcionarios, dejando completamente de lado la rendición de cuentas certera; además de que parecían más un ejercicio de ocultamiento de la situación real del estado que guarda la administración pública, y esto lo confirma que apenas hace un año sepamos de la crisis económica que atraviesa el gobierno del estado.
Manifestó que la información de los secretarios de despacho en los últimos doce años fue inútil y obstaculizó la transparencia de las acciones públicas.
Por lo anterior, propuso que se impongan de tres a diez años de prisión, multa de hasta quinientas Unidades de Medida y actualización de multa, y la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en la administración pública estatal, al servidor público que incurra en las faltas mencionadas previamente.
