Redacción Hora Cero
Artículo 19 emitió un comunicado en el que afirman que una protección fallida e impunidad en agresiones previas, derivaron en el asesinato del reportero veracruzano, Cándido Ríos, asesinado junto con otras dos personas este 22 de agosto, en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo.
De acuerdo con el Informe Semestral de 2017 de ARTICLE 19, Veracruz figura como el estado con más agresiones contra la prensa, junto con la Ciudad de México. En total se registraron 28 agresiones de enero a junio de este año; esto en un contexto nacional donde se registran 1.5 agresiones por día.
Cabe destacar que desde que Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura de Veracruz, 3 periodistas han sido asesinados. Además de Ríos, los otros periodistas son Ricardo Monlui, asesinado el 19 de marzo, y Edwin Rivera, asesinado el 9 de julio.
Fuentes consultadas por ARTICLE 19 que decidieron permanecer anónimas corroboraron que Ríos Vázquez encaminó buena parte de su investigación periodística al tráfico de influencias del ex-alcalde en el congreso local, por ejemplo la protección brindada a Gaspar Gómez por parte del diputado Jorge Carvallo. De acuerdo al periodista este tipo de influencias frenaron el desafuero contra Gaspar Gómez y por ende su sometimiento a un proceso judicial”, abunda.
De acuerdo a la documentación de ARTICLE 19 Ríos Vázquez es el noveno periodista asesinado en México en lo que va de 2017. Después del asesinato del periodista Cecilio Pineda en Guerrero el pasado mes de marzo, Cándido se ha convertido en el segundo periodista asesinado a pesar de haber contado en algún momento con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Estos asesinatos reflejan la problemática estructural de casos en los que autoridades tanto locales como federales conocen de agresiones previas sin combatir la impunidad ni actuar en contra de los perpetradores directos ni intelectuales de las agresiones. En un segundo plano ponen de relieve las fallas del sistema de protección en México y la falta de medidas adecuadas que logren salvaguardar de manera efectiva la integridad de periodistas, en los casos en los que las autoridades tienen plena información de la situación de riesgo en la que se encuentran”, indican.
En este tenor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que: “…los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.” (Sentencia Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Para 194)
“El actuar oportuno y efectivo de las autoridades del Estado Mexicano tanto locales como federales pudo prevenir el asesinato de otro periodista y con ello evitar también la privación del derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos relevantes de corrupción y política”, consideran.
No obstante que desde 2015 se firmó en Veracruz un convenio para generar un sistema de alerta temprana para prevenir agresiones contra periodistas y permitir la libertad de expresión entre autoridades estatales y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las agresiones persisten.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que se revise de manera exhaustiva y diligente su proceder ante las investigaciones iniciadas con anterioridad por las amenazas proferidas contra Cándido Ríos. En este sentido, resulta relevante que se inicien los procedimientos administrativos y penales correspondientes a efecto de que se determinen las responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía que con sus omisiones generaron impunidad e incentivaron la escalada de violencia contra el periodista, misma que culminó en el ataque letal cometido ayer.
ARTICLE 19 exhorta a la FEADLE a que en función de su obligación constitucional establecida en el artículo 73, fracción XXI así como en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales atraiga la investigación del asesinato de Ríos Vázquez y que efectúe una investigación diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial que tome en cuenta la labor periodística como línea principal de investigación. Esta investigación debe garantizar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparar del daño para su familia.
De la misma manera, ARTICLE 19 exige al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob a que elabore un informe público sobre las medidas provistas así como las acciones que se emprendieron para disminuir el riesgo del periodista Cándido Ríos Vázquez y haga una revisión exhaustiva de los procesos y medidas implementadas que coadyuve a evitar la repetición de agresiones a periodistas incorporados al mecanismo.
“Desde ARTICLE 19 mantenemos la convicción de que las medidas de protección o seguridad por sí solas no son suficientes para frenar la ola de violencia contra la prensa. Mientras dichas medidas no sean acompañadas de una investigación diligente, los perpetradores tienen la posibilidad de incrementar las agresiones, llegando incluso a la violencia letal”, concluye el boletín.
