Organizaciones civiles piden a Semarnat reunión pública para conocer el proyecto «La Paila»

Redacción Hora Cero

El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicó la 1 apertura del proceso de Consulta Pública del proyecto La Paila, de la empresa minera Caballo Blanco SA de CV, subsidiaria de la canadiense Candelaria Mining, por lo cual, la ciudadanía tiene hasta el 29 de 2 septiembre para presentar sus argumentos.

A través de un comunicado, diversas asociaciones civiles afirmaron que en razón de los riesgos que representa para la salud, medio ambiente y la protección civil, los habitantes de la región afectada demandan a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) que, con fundamento en el artículo 34 fracción III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se celebre una reunión pública de información.

El “Proyecto La Paila”, afirman, es una reducción del proyecto minero Caballo Blanco, con el cual Candelaria Mining pretende explotar oro, plata y cobre.

Según lo exponen, la zona es bioculturalmente significativa por lo que el proyecto representa una grave amenaza a la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales y cícadas milenarias, especie protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat; al patrimonio arqueobotánico (v.gr. Quiahuiztlan); y a la integridad y salud de las personas ya que el área del proyecto se traslapa con el Plan de Emergencia Radiológico de Externo (PERE) de la Central Nuclear Laguna Verde, los ductos de PEMEX y la vulnerabilidad ante el cambio climático.

«Recordemos que en el escenario de incertidumbre climatológica actual los fenómenos meteorológicos, como tormentas tropicales y huracanes, serán más frecuentes e intensos, este año ya hemos sido testigos y víctimas de Franklin y Katia. Es inadmisible que un proyecto de esta envergadura con los riesgos que presupone no sea discutido de manera amplia, democrática y culturalmente aceptable. En 2012 la sociedad veracruzana se pronunció en contra de este tipo de minería», abundaron.

Asimismo explicaron que las características del proyecto satisfacen los requisitos de Ley para que la DGIRA ordene la reunión pública de información. Es muy importante que para la evaluación del proyecto se utilice la mejor ciencia disponible por lo que es necesario que los institutos y universidades se pronuncien.

«Igualmente pedimos al Gobierno de Veracruz participe activamente en el proceso como lo hizo en 2012, todo ello en aras de proteger los derechos humanos de los habitantes de la región. La preocupación e interés de los habitantes de las comunidades afectados son tan grandes que fueron ingresadas a la DGIRA más de 150 solicitudes de consulta pública y reunión pública informativa», concluye el comunicado.

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