Aprueba Congreso creación de Asociaciones Público Privadas para construcción de 17 ciudades judiciales

Redacción Hora Cero

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el  que se autoriza al Poder Judicial del Estado a convocar a uno o más  concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar, por  conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de Asociación  Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento,  conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.

Las ciudades judiciales están ubicadas en los municipios de  Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla,  Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica,  Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca,  todos del Estado de Veracruz.

Las Ciudades Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a  oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de  justicia, y contarán con juzgados, salas de juicios orales, centros de  mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de  partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y  administración general.

Con 27 votos a favor, sin votos en contra o abstención, el Pleno del  Congreso de Veracruz avaló esta disposición para el Poder Judicial,  mismo que habrá de sujetarse a lo previsto en la ley y a los límites establecidos entre los que destacan que el monto total de las   obligaciones en las que se  podrá incurrir con motivo de la celebración  de los contratos de asociación público-privada, considerados en su  conjunto, ascenderá a la cantidad de tres mil 965 millones 173 mil 500  pesos, más impuesto al Valor agregado.

El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con  motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en  su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 13 millones 217 mil 245  pesos, más IVA. Mismos que incluyen el componente de inversión pública  productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).

Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los  contratos de asociación público –privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda.

El plazo máximo autorizado para cada uno de los  contratos de asociación  público-privada será de hasta 300 meses contados a partir de la fecha de  conclusión de las obras del contrato respectivo.

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