Mediante triquiñuelas, un sujeto pretende quitar 237 hectáreas a sus verdaderos propietarios

Francisco De Luna / Hora Cero

Soteapan, Ver.- Un grupo de 26 campesinos temen ser desalojados de 237 hectáreas que integran el ejido “Las Palomas”, en Soteapan, municipio ubicado en el sur del estado de Veracruz. Se trata de un conflicto que comenzó hace 16 años, entre los parcelarios y Malaquías Soto Pascual, a quien los ciudadanos nombran como “El Cacique”.

Cuentan que esta persona con base a amenazas de muerte y denuncias jurídicas ha exigido a los campesinos que abandonen las tierras.

Sin embargo, para los campesinos, cada centímetro de tierra es valioso porque lo utilizan para subsistir con la siembra de la palma de aceite, maíz o frijol, tal y como lo han realizado en los últimos 44 años, en que les fueron asignadas por resolución presidencial.

 

El origen del conflicto

El 2 de enero de 1973 a través de una Resolución Presidencial a los indígenas popolucas les dotaron de 657 hectáreas, pero la lucha por la obtención de estos terrenos comenzó once años antes, es decir el 18 de mayo de 1962 cuando un grupo de familias solicitaron al Gobierno del Estado de Veracruz le fueran concedidos espacios para satisfacer necesidades de siembra y vivienda.

De esa manera les extendieron los respectivos Certificados de Derechos Agrarios y posteriormente los Títulos Parcelarios, documentos que fueron sellados por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización avalando de esta manera la posesión legal de la propiedad.

Fue así como inició el uso de los terrenos, que siempre han sido productivos, lo que generó el interés de grupos caciquiles por apoderarse de estos espacios y fue así como en 2001 surgió Malaquías Soto Pascual, con las armas desenfundadas para advertir con disparar y matar al campesino que se opusiera a entregar parte del ejido.

Pero en el año 2000 el Tribunal Unitario Agrario ubicado en San Andrés Tuxtla emitió una sentencia que pretende despojar de 237 hectáreas al citado ejido.

 

La tierra es de quien la trabaja

Los ejidatarios han presentado hasta dos denuncias por despojo bajo los folios, ACA72/596/2015/1-B, ACA/1/821/2015 y una tercera por amenazas, lesiones y lo que resulte, con número 117/2016.

Pero en ninguna de las tres investigaciones ministeriales, se ha procedido contra Soto Pascual a pesar de que ha atentado contra ellos y los ha acusado de varios delitos.

Por estas razones los campesinos exigen al gobierno del estado que se respeten sus derechos agrarios, que no se les impida el cultivo de su tierra mediante la fuerza pública y que ésta no se ponga al servicio de los caciques del sur de la entidad.

La disputa ha sido persistente porque los acaparadores en cada intento aprovechan y apuntan con sus pistolas, mientras que los campesinos empuñan los machetes y los azadones para proteger y labrar la tierra que les da de comer.

 

Una lucha desigual

Entre las principales arbitrariedades que señalan los 26 ejidatarios de Las Palomas van desde la venta de documentos que supuestamente acreditan como dueño a Malaquías.

Esta gran injusticia pudo llevarse a cabo con artimañas legales en contra de los indígenas indefensos, en su mayoría analfabetas. Después de sucedido todo esto, los campesinos del ejido buscaron cobijo en las filas del antorchismo para defender sus tierras, refirió el dirigente estatal de Antorcha Campesina en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa.

Ante la indefensión de los indígenas popolucas, los dirigentes de esta organización lograron que el caso llegara a las dependencias agrarias y al Gobierno de Veracruz en busca de una solución.

Pero el grupo caciquil contrademandó por ello a través del Juzgado Primero de Primera Instancia de Acayucan en 2010 ordenó la detención de Pergentino Cortés Girón representante de Antorcha en el Sur de Veracruz al ser acusado de despojo de tierras.

Por estas circunstancias se buscó el amparo ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito con sede en Coatzacoalcos, pero el Juez, Pedro Antonio Rodríguez Díaz, negó el documento “con lo que se demuestra que están al servicio de Malaquías Soto Pascual”.

Este caso no paró y al líder de Antorcha Campesina en esa región le fue prefabricado un delito para inculparlo y llevarlo a la cárcel y buscar que de esta manera abandone la defensa de los campesinos de Las Palomas.

A decir de los ejidatarios, han enfrentado una lucha desigual, desgastante y con amenazas de muerte por defender lo que el Tribunal Agrario les trata de arrebatar con documentos, mismos que la Procuraduría de Justicia avala en una larga cadena de ilegalidades que pudieran terminar en injusticias.

El suplente del Comisariato Ejidal, Reynaldo López Cervantes, declaró que Soto Pascual sólo tiene escrituras falsas, mismas que consiguió en el Tribunal Agrario de Mérida, Yucatán, en donde supuestamente lo nombran como propietario de las tierras.

En tanto que los ejidatarios cuentan con sus títulos parcelarios que los acreditan como propietarios de las 657 hectáreas, mismas que han trabajado desde hace más de 40 años desde que sus padres estaban vivos.

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