Francisco De Luna / Hora Cero
Xalapa, Ver.- En los últimos dos años se han registrado 17 mil 226 abortos en el estado de Veracruz, informó la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Alma Celia San Martín.
Sin embargo, dijo que existen dudas sobre la veracidad de estas cifras aunque estén basadas en datos de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver), porque consideran que la dependencia estatal falsificó la numeralia en materia de interrupciones legales de embarazo.
La investigadora, indicó que no hay forma de contabilizar los casos que “voluntariamente accedieron a una interrupción legal del embarazo”, por lo que la cifra que entregaron a la federación no es real.
Durante 2015 se registraron en la entidad 10 mil 04 abortos, de los cuales el 59.4 por ciento se realizaron en las unidades de los Servicios de Salud de Veracruz.
Mientras que el informe preliminar del 2016 se registraron 4 mil 645 abortos y de enero a junio de 2017 los datos obtenidos son 2 mil 587 interrupciones, pero de esta cantidad desconocen cuáles fueron voluntarios y cuáles espontáneos.
Entre otra de las arbitrariedades que enlistó es que el personal de salud no entregue los medicamentos necesarios a una paciente que ha sufrido abuso sexual, como la pastilla del día siguiente y los antirretrovirales, como lo marcan las normas, pues argumentan que para dotarlas debe haber una carpeta ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Explicó que tres casos que fueron identificados como violación en las ciudades de Poza Rica, Xalapa y Coatzacoalcos.
Pero a pesar de ello, el sector salud no ha especificado cómo es que obtienen estas estadísticas, por esa razón los integrantes del OCNF, duda de los datos, sin embargo, se trata de las cifras “oficiales” y con base a ello han tenido que trabajar en el Observatorio.
También refirió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha hecho recomendaciones a los tres poderes del Estado de Veracruz, bajo un contexto de discriminación por la que atraviesan las mujeres.
Esto debido al marco jurídico y a la política pública, vigentes en materia de salud sexual y reproductiva que trasgreden los Derechos de las Mujeres.
Por ello, a través de la OCNF, piden modificar el marco jurídico existente para dejar de criminalizar a las mujeres y niñas que aun siendo víctimas de violencia sexual son obligadas a continuar con embarazos no deseados.
