Veracruz, debajo de la media nacional en corrupción en la relación entre empresas y gobierno

Redacción

Al dar a conocer las estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y Ciudad de México fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de eventos de corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más de 1 500 establecimientos por cada 10 mil. En cambio, los menores niveles se observaron en Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo con menos de 700 establecimientos víctimas de corrupción por cada 10 mil.

De esta forma, una empresa en Quintana Roo tiene 3.7 veces más probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una empresa que solicita trámites o servicios en el gobierno de Querétaro.

Veracruz fue ubicado, en esa medición de Inegi, debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil unidades económicas.

En el año 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado fue de 1 093 establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro.[i]

Al analizar la prevalencia de corrupción por sector de las empresas, se encontró que las empresas del sector industrial tuvieron la tasa de corrupción más alta con respecto a los establecimientos de los sectores de comercio y de servicios, con 755 unidades económicas víctimas de corrupción por cada 10 mil empresas

Al comparar la prevalencia de corrupción por tamaño del establecimiento, se observa que conforme aumenta el tamaño de la unidad económica, la probabilidad de que una unidad económica se encuentre en una situación de corrupción es mayor. Con una tasa de 1,317 unidades víctimas de corrupción por cada 10 mil unidades económicas, los establecimientos de tamaño grande tuvieron en 2016 dos veces más probabilidad de participar en un acto de corrupción que las micro empresas, cuya tasa de prevalencia fue 534 establecimientos por cada 10 mil.

 

Análisis por entidades federativas

El análisis por entidad federativa reveló diferencias importantes entre estados. Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 092 víctimas por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 144; en Chihuahua, 17 621; en Michoacán, 16 321 y en la Ciudad de México con 16 167 víctimas de corrupción. Los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz con 6 810 y 6 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en Zacatecas.

Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 160 por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 232 hechos de corrupción. En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes que solicitaron algún trámite o servicio público. Lo que indica que en el Estado de México o Sinaloa se presentaron 6 hechos de corrupción por cada caso registrado en Colima o Nayarit.

 

El costo de la corrupción

Entre las consecuencias que la corrupción trae consigo son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general. Dentro de los costos directos se encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Los costos indirectos por su parte, pueden ser monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los recursos; o en una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otros.

Pese a que es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. En este apartado se brinda una estimación del costo total y del costo promedio de los actos de corrupción, producto del soborno en que incurrieron la población en el año 2015 y las unidades económicas en el año 2016 al entrar en contacto con servidores públicos.

Si bien, el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

El costo promedio de un acto de corrupción fue de 2 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015, mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 243 pesos en 2016.

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