Ordena Juez comparecer a tres dependencias por daños ocasionados en reserva ecológica

Francisco De Luna

Xalapa, Ver.- El 29 de diciembre 2017, las dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), así como funcionarios municipales de Altotonga, deberán comparecer ante un Juez Federal por el caso de la invasión en la reserva ecológica “Pancho Poza”.

De acuerdo con Lizeth Ortiz Carriles y Gabriel Domínguez Peredo de la agrupación “Amigos Defensores del Bosque Zoatzingo”, estas instituciones están obligadas jurídicamente a responder sobre los daños que se han generado al entorno ecológico.

Algunas de las acciones que han realizado para defensa del afluente, fue el bloqueo carretero el 26 de agosto, porque aseguraron que el alcalde priista Ramiro Arcos Toledano, autorizó la construcción de una obra con recursos federales “que bajó la diputada federal, Noemí Guzmán Lagunes”.

Esa obra se inició en la reserva ecológica “pero la hacen pasar como cualquier construcción”, pues Lizeth Carriles, indicó que la obra no cumple con las normas ambientales ni con asentamientos humanos, pues tampoco se respetan los artículos de la Gaceta Oficial de 1992.

En ella se declaró como área reservada y por lo tanto no se puede construir ni invadir el terreno.

Con las protestas, lograron que personal de Medio Ambiente acudiera a clausurar la obra y la PMA multó al Ayuntamiento, pero el propietario pagó la multa y retiraron los sellos de clausura.

“Les urge terminar la obra y se pasan todas las normas legales y ambientales, porque como es un recurso federal, ellos necesitan aterrizar el dinero, necesitan comprobar el dinero para el cierre de ejercicio de esta administración priista que inició el ahora diputado Carlos Morales Guevara”.

Los integrantes de la agrupación defensora promovieron un amparo el miércoles 6 de diciembre con el cual solicitaron la clausura de la obra. Por esa razón un juez federal otorgó el fallo a favor de los activistas.

Apenas el lunes 11 de diciembre salió la resolución, pero las maniobras de construcción continúan.

Piden que se cancelen todos los trabajos para evitar que continúen las afectaciones que ha generado el supuesto propietario Rosalino Galindo, quien ha sido señalado como el presunto acaparador de los terrenos.

“Él es activista político del PRI en Altotonga, él siempre está cobijado por las autoridades desde el senador Pepe Yunes, Carlos Morales y todos los priistas de Altotonga”, refirió Lizeth Ortiz Carriles.

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