Hora Cero

Ejecuciones, respuestas apresuradas

Luis Alberto Romero

Le pasó a Reynaldo Escobar Pérez cuando fue titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en tiempos de Javier Duarte.

El 20 de septiembre de 2011, en Boca del Río, poco después de las 17:00 horas, sujetos desconocidos abandonaron dos camionetas de redilas tipo Nissan Estaquitas, con 35 cuerpos de personas asesinadas.

Frente a Plaza Américas, justo debajo del monumento a los voladores de Papantla, las imágenes dantescas de estos seres humanos vejados, exterminados, circularon por todo el mundo y cambiaron para siempre nuestro imaginario colectivo.

De forma apresurada, el entonces gobierno estatal quería detener el impacto mediático que se viralizó por sangriento e inédito y el reconocido abogado xalapeño tuvo que salir a dar la cara para explicar, “de inmediato” que eran criminales.

En conferencia de prensa, acompañado del entonces titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y del entonces también nuevo coordinador de la AVI, José Antonio Villegas Rosas —quien por cierto, hace algunas semanas abandonó el Penal de Pacho Viejo— Escobar Pérez dijo que los cuerpos, cuyo número no precisó en ese momento, ya habían sido identificados a través de la Plataforma México.

“Se ha logrado la identificación de algunos de los cuerpos y se ha confirmado a través de Plataforma México que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado, tales como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros delitos”, detalló, al tiempo que dio el número de averiguación previa 843/2011.

Le pasó a Reynaldo Escobar Pérez, abogado reconocido, insistimos, hombre leído, de gran experiencia jurídica. Le pasó, luego se supo, presionado por Javier Duarte. Le pasó, ante un hecho que no tenía precedente en la historia inmediata de Veracruz. Le pasó, porque alguien tenía que dar la cara y salir al paso de la grotesca realidad.

Le pasó a él en 2011 y le sigue pasando hoy, en 2018, a las autoridades estatales.

Hace unos días, al explicar los hechos violentos ocurridos en Xalapa el pasado fin de semana, el gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que el baleado frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado en la Avenida Lázaro Cárdenas y los nueve cuerpos destazados encontrados en una camioneta en el Tejar, correspondían, también, a un grupo de delincuentes, de criminales.

Seguramente, el mandatario veracruzano estaba bien informado por su secretario de Seguridad Pública. Los mensajes que ahí se dejaron, en cartulinas llenas de sangre, también así lo explicaban.

Es entendible, la reacción de las autoridades, para dar una explicación al “por qué” de la sociedad, de la gente de la calle, de los cafés y restaurantes. Sin embargo, también son respuestas apresuradas y repiten el mismo padrón del gobierno anterior: criminalizar de inmediato, para bajar la presión mediática.

Hay otros datos que llaman la atención. En conferencia de prensa, Yunes Linares dijo que el ejecutado de Lázaro Cárdenas era también de ese grupo. Claro y preciso, añadió, al explicar a medios, que los llevaban a todos en una camioneta, que uno se escapó en Lázaro Cárdenas y que ahí lo ejecutaron a disparos y que después se fueron a ejecutar y destazar a los otros, para dejarlos en El Tejar.

¿Les dio tiempo de todo eso? ¿Ninguna cámara de seguridad vio nada? ¿No se activó ninguna alerta? ¿Nadie denunció nada? En pocas palabras y en lo dicho por el propio jefe del Ejecutivo, en Xalapa se puede llevar a un grupo de personas secuestradas, ejecutar a una a balazos en la calle y después llevar a algún otro sito al resto, destazarlas con calma, meterlas a una camioneta y estacionarla en una calle transitada sin ningún problema, sin que ninguna patrulla, sin que ningún dispositivo de seguridad ni cámara de videovigilancia detecte nada.

Pero otro dato más interesante que circuló después: el ejecutado de Lázaro Cárdenas habría trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública, adscrito al Penal de Pacho Viejo y le apodaban “El borrego”.

Tuvo un lote autos, que quitó, según dicen, porque “los malos” le querían cobrar derecho de piso. Le insistieron en que siguiera con ese lote, como trabajo extra a Pacho, pero ya no quiso hacerlo para no meterse en problemas y apareció ahí, ejecutado en Lázaro Cárdenas.

¿Era El Borrego, integrante de este grupo de criminales? Y si lo era ¿cómo pasó los exámenes de confianza para trabajar en la SSP y en ese Penal?

Hay muchos datos que no cuadran y que generan sospecha respecto a las calificaciones inmediatas que las autoridades hacen respecto a estas personas que son brutalmente asesinadas en nuestra ciudad. @luisromero85

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