Denunciarán a 18 ex alcaldes que no pudieron comprobar faltantes

Francisco De Luna

Xalapa, Ver.- Al no lograr la comprobación del uso y destino de 123 millones de pesos de la cuenta pública 2016, 18 exalcaldes serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso Local, Juan Manuel de Unánue Abascal, informó que al concluir la segunda fase de fiscalización, los exfuncionarios contaban con 30 días para defenderse.

Pero una vez pasado este proceso procederán con las denuncias penales las cuales deberán realizarse a mediados de mayo.

Entre los municipios enlistados destacan: Acultzingo, con 2 millones 539 mil 727.17 pesos; Agua Dulce, 831 mil 952.61 pesos; Citlaltépetl, 285 mil 439.26 pesos; Coacoatzintla, 219 mil 204.28 pesos;

Mientras que Coatzacoalcos aparece con 3 millones 357 mil 941.58 pesos; Cosamaloapan, 89 millones 457 mil 796.58 pesos; Cosautlán de Carvajal, un millón 888 mil 618.73 pesos; Manlio Fabio Altamirano, 961 mil 048.65 pesos.

También Mecatlán, 135 mil 066.29 pesos; Mecayapan, 615 mil 736.75 pesos; Perote, 243 mil 509.03 pesos; Rafael Lucio, 2 millones 155 mil 612.71 pesos; San Andrés Tuxtla, 16 millones 664 mil 016.17 pesos.

Otros municipios son: Tezonapa, un millón 242 mil 403.46 pesos; Tlapacoyan, un millón 091 mil 015.07 pesos; Tomatlán, 233 mil 798.98 pesos; Úrsulo Galván, 391 mil 567.99 pesos; y Uxpanapa, un millón 641 mil 533.28 pesos.

El Ayuntamiento de San Juan Evangelista fue el único que aceptó el daño patrimonial de 884 mil 970 de la cuenta pública del año 2016, ya que no presentó recursos de reconsideración.

Ahora el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) cuenta con 30 días hábiles para resolver al respecto y se estima que a mediados de mayo (2018), se interpondrán las denuncias.

Y al cumplirse el plazo para los exalcaldes que fueron señalados por presunto daño patrimonial para que interpusieran recursos de reconsideración ante el ORFIS, 18 de un total de 19 acudieron a este método para no ser denunciados ante la FGE.

“Ellos insisten en que presentaron la documentación para acreditar que sí usaron correctamente los recursos y que estos son óptimos para salir de los señalamientos”, explicó el funcionario.

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