Hora Cero

La inseguridad en la elección veracruzana

Luis Alberto Romero

El llamado del Partido Revolucionario Institucional para que fuerzas federales intervengan  en la seguridad durante el proceso electoral no es nuevo; de hecho, se trata de una queja reiterada.

El pasado 2 de mayo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, señaló que cada vez ocurren con más frecuencias ataques y actos de intimidación contra candidatos, dirigentes y militantes de tricolor; y en ese marco lanzó un llamado de auxilio a la Federación.

Dijo que en fechas recientes se han documentado al menos 8 casos, entre los que mencionó lo ocurrido durante el proceso extraordinario para elegir presidentes municipales en Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda.

De igual forma, el ex alcalde de Xalapa puso como ejemplo el caso de Lázaro Mendoza Méndez, candidato a diputado local por el distrito de Acayucan, quien habría sido secuestrado y posteriormente liberado por la Policía Federal.

De acuerdo con la declaración de Zúñiga Martínez, las agresiones contra los actores políticos se han convertido en regla general del proceso electoral; de igual manera, apuntó el priista que dichos ataques y actos de intimidación ocurren en Veracruz ante la mirada contemplativa de los elementos de la Policía Estatal.

Fue más allá; estableció que esos hechos ponen en riesgo al proceso electoral, por lo que urgió la intervención del Gobierno Federal en el proceso veracruzano.

Ese llamado, decía, no es nuevo: el pasado 18 de abril, Zúñiga Martínez lanzó una queja muy similar cuando condenó las agresiones físicas que sufriera el regidor sexto del Ayuntamiento de Pánuco, Slim Romero Olguín, quien terminó en el hospital por la golpiza que recibió por parte de sujetos desconocidos.

Antes, en el proceso municipal de 2017, representantes de la alianza PRI-Verde ante el órgano electoral denunciaron las agresiones que habrían recibido los candidatos a las presidencias municipales de Jamapa y San Rafael.

Esos señalamientos no son exclusivos del PRI; también el Movimiento de Regeneración Nacional ha mostrado su preocupación por el tema. De forma reciente, por ejemplo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se refirió al impacto negativo de la inseguridad en el proceso electoral.

Dijo el dirigente de Morena que la delincuencia ha obligado a los candidatos del partido a tomar previsiones, actual con mayor precaución que en condiciones normales.

Por su parte, la abanderada del Partido Nueva Alianza, Judith González Sheridan, denunció ser víctima de amenazas, por lo que pidió al OPLE la asignación de personal de seguridad.

Los señalamientos de los partidos y actores políticos son cada vez más frecuentes en Veracruz, al igual que los reportes de agresiones de todo tipo, desde amenazas hasta ataques físicos.

Por su parte, en respuesta a las voces partidistas que hablan de inseguridad y de ataques contra candidatos, dirigentes y militantes, hace un par de días el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares destacó que hay condiciones óptimas de seguridad para el desarrollo del proceso.

Sin embargo, a pesar de las posturas oficiales en torno al tema, las de los partidos son denuncias que las autoridades federal y estatal no deben desestimar ni desatender, porque se trata de llamados a tiempo, sobre todo tomando en cuenta que en un proceso tan competido y complicado como el que se registra en la entidad veracruzana (cinco elecciones en una jornada), un hecho violento podría encender una llama difícil de apagar.

Lo peor es que ante las posturas radicales que se podrían registrar durante la semana previa al domingo 1 de julio, cualquier cosa puede ocurrir, incluyendo los indeseables hechos de violencia. @luisromero85

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