Rúbrica

El fraude del desastre
Por Aurelio Contreras Moreno
Luego de los sismos del mes de septiembre de 2017, en su afán por “cachar”
votos lucrando con la desgracia y con las emociones producidas por ésta entre los
mexicanos, los partidos políticos se enfrascaron en una “competencia” por ver
quién “donaba” más dinero de sus prerrogativas en apoyo de los damnificados.
Fue el entonces dirigente nacional y precandidato presidencial de facto de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó la “puja”, al anunciar que
su partido “donaría” 20 por ciento de sus prerrogativas de campaña para los
damnificados del sismo del 7 de septiembre.
Pronto se unirían a ese “coro” de “samaritanos” tanto el PAN como el PRI e
incluso el Instituto Nacional Electoral, que les diseñó en la “renuncia” a sus
prerrogativas la salida “legal” a los partidos para, supuestamente, entregar esos
recursos a los damnificados, a pesar de que la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Legipe), así como la propia Constitución General de
la República, prohíben utilizar el financiamiento público de los partidos políticos
para fines distintos a los que están establecidos, y que son sus actividades
ordinarias permanentes y las campañas políticas en búsqueda del voto popular.
Desde entonces, había un singular tufo de demagogia del que nadie quería
percatarse. “¡Que le devuelvan el dinero al pueblo!”. “¡No más recursos públicos a
los partidos!”. “¡Sí se puede usar para los damnificados!”. “¡Ni que la Legipe fuera
ley natural para no modificarla!”, fueron algunas de las consignas para convalidar
lo que claramente era un ejercicio de propaganda electoral a costa de la tragedia
de miles de personas que lo perdieron todo.
El 26 de septiembre de 2017, López Obrador anunció la creación del fideicomiso
“Por los demás”, en el que Morena depositaría recursos por 103 millones de pesos
que –otra vez, se supone- se destinarían a 45 mil damnificados por los sismos,
buscando –y ganando- el aplauso encendido de su audiencia.
Y resulta que todo fue un engaño. La Unidad de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral encontró que al fideicomiso 73803 le fueron depositados 78.8
millones de pesos -de los cuales, 44 millones fueron en efectivo, 14.7 millones en
cheques de caja y 19.7 a través de transferencias-, mientras que fueron retirados y
cobrados en efectivo 64.4 millones en favor de integrantes de Morena.
Lo grave es que no hay evidencia alguna de que se haya entregado un solo peso
a los damnificados, y sí en cambio, de acuerdo con el INE, de que se utilizó un
esquema para triangular y entregar ese dinero a candidatos de Morena que
contendieron en las campañas que concluyeron hace unas semanas, y por lo cual
el órgano electoral le impuso a ese partido una multa de 197 millones de pesos. La
tercera más alta de la historia política moderna, solamente superada por las
impuestas por el “Pemexgate” al PRI y por “Amigos de Fox” al PAN.
Contra las acusaciones de una “conjura” contra Morena y el lopezobradorismo que
ya lanzan sus corifeos, cabe hacer mención que el INE contaba con los elementos
suficientes para emitir esta sanción días antes de las elecciones del 1 de julio. Y

no lo hizo, a sabiendas de que con ello beneficiaba a ese partido y a sus
candidatos, empezando por el presidencial, que aplastaron a sus contendientes en
los comicios.
¿Hubiera sido el resultado electoral el mismo de haber actuado el INE cuando
debía hacerlo? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que pasamos de la demagogia al
fraude del desastre. Y al final, que la multa se pague con recursos públicos. Esos
mismos que juraron iban a donar.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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