AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

* EL RELEVO QUE VIENE

Aunque aquí todavía faltan sesenta días para el relevo en el gobierno del estado, más de un veracruzano se pregunta, con obvia morbosidad política, si el gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares se presentará el 1 de diciembre próximo a la ceremonia de toma de posesión de su sucesor Cuitláhuac García Jiménez, dada la ríspida relación que se ha venido dando entre ambos desde antes de la elección de julio pasado en la que el morenista arrasó con más de 200 mil votos de ventaja al primogénito del mandatario estatal del PAN.

Y es que luego de las primeras sucesiones gubernamentales que se dieron a partir de este lunes 1 de octubre en entidades como Yucatán y Morelos, en Veracruz existe la duda si Yunes Linares optará por ausentarse como lo hizo muy prudentemente el ex mandatario perredista morelense Graco Ramírez, o si por el contrario llegará acompañando a García Jiménez hasta el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, como en Mérida tuvo a bien hacerlo, en un gran gesto de civilidad política, el priista Rolando Zapata Bello con Mauricio Vila Dosal, ex alcalde meridense que llegó a la gubernatura como candidato de la alianza PAN-Movimiento Ciudadano.

Desde el sábado anterior, en Morelos, ya se sabía que Ramírez Abreu no asistiría a la ceremonia solemne del Congreso local en la que rendiría protesta el ex alcalde de Cuernavaca, ya que a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Graco indicó que no compartía el lenguaje y las descalificaciones que Cuauhtémoc había hecho en su contra.

“Este 1 de octubre no estaré ahí en virtud del lenguaje grosero de enfrentamiento que persiste en contra mía y de quienes me acompañaron durante mi gobierno.

“A pesar de estas muestras totalmente injustas le deseo al próximo gobierno que cumpla con las exigencias que demanda el pueblo de Morelos”, expresó el perredista, quien pese a sus diferencias políticas personales con Blanco –en contraste con las arcas vacías que Yunes anticipó le dejará a Cuitláhuac García en Veracruz–, dijo que el nuevo gobierno del ex candidato de PES-Morena contará con más de cinco mil 800 millones de pesos para el último trimestre del año, aunque le dejará una deuda aprobada por el Congreso local de seis mil 800 millones de pesos, por la que la administración entrante tendrá que pagar 200 millones de pesos al año.

Este lunes, en su primer discurso como gobernador constitucional de Morelos, el ex futbolista reprochó –sin pronunciar el nombre de Graco Ramírez– que “dejan una administración saqueada y un estado abandonado”.

“Aún vemos familias que viven en la calles después del sismo del 19 de septiembre, no hay medicinas, hay desaparecidos, asesinados y eso va a cambiar”, afirmó el nuevo mandatario morelense.

¿En Veracruz Yunes Linares se expondrá públicamente a los mismos reproches que de seguro le hará también Cuitláhuac García, ya que su inepta y decepcionante administración no sólo ha sido incapaz de abatir los índices de inseguridad como lo había prometido durante su campaña, sino que además prologará la bancarrota de las finanzas públicas del estado, heredando fuertes compromisos económicos con proveedores y contratistas del gobierno estatal a los que se ha negado a pagar, aparte de la mega deuda pública consolidada que reestructuró con la banca privada alargando mañosamente los plazos sólo para reducir las tasas de interés?

SURGEN PRIMERAS ANOMALÍAS

Por cierto, este lunes, el Órgano de Fiscalización Superior del estado entregó a la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura local el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, el cual reporta un presunto daño patrimonial a la hacienda pública estatal por 338 millones de pesos correspondiente sólo al primer año de la mini administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, detectado en tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos.

Aparte del presunto daño patrimonial, el ORFIS reportó también inconsistencias en las adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de pesos: en la Sedesol por 40.5 millones de pesos, SIOP por 71.7 millones, Instituto de Espacios Educativos por 78.8 millones y en los Servicios de Salud de Veracruz por 71.7 millones.

Estas dependencias no presentaron dictámenes de procedencia debidamente formalizados de acuerdo a la normatividad y a la legislación en la materia, según las auditorías practicadas por el máximo órgano fiscalizador del estado.

El mismo Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior detalla además que existen 6 mil 747 millones de pesos deudores por anticipos de la Tesorería de Veracruz a corto plazo que habrían sido retenidos del Fideicomiso para el mantenimiento de la deuda del estado.

El ORFIS propuso que los registros contables de ese fideicomiso estén sujetos a seguimiento durante todo el 2018 para obtener suficiencia documental que permita fincar responsabilidades a la presente administración estatal.

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