IVAI emprenderá acciones legales contra Sefiplan por adeudo de casi 10 mdp

Redacción Hora Cero

Al resolver 17 recursos de revisión interpuestos en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenó a esta dependencia que proporcionara versión pública de la evaluación psicométrica que realizó a diversos servidores públicos, por haberla negado por ser información confidencial pero sin llevar a cabo los procedimientos que establece la ley para su clasificación.

En caso de que las baterías de preguntas, reactivos, opciones de respuestas y/o pruebas contenidos en la evaluación sean datos que se reutilizan en diversos procesos deliberativos o similares conservarán el carácter de confidencial.

Finalmente, los comisionados del IVAI instaron al titular de la unidad administrativa que dio respuesta y al titular de la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernador para que en futuras ocasiones cumplan con el procedimiento previsto en la ley para la clasificación de la información; de no hacerlo y reincidir en dicha conducta, se harán acreedores a cualquiera de las sanciones previstas en la Ley 875 de transparencia del estado.

En otros asuntos, como parte del orden del día, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez ordenaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos del órgano garante la elaboración de escritos por medio de los cuales se emprendan acciones legales ante las instancias competentes a raíz de los adeudos que presenta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con el IVAI que ascienden a cerca de diez millones de pesos ($9,595,620.61).

Esto, ya que no han sido enviadas las ministraciones correspondientes a la partida de gasto de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016, y septiembre, octubre y noviembre de 2017; así como la nómina de septiembre y octubre de 2017, y la segunda quincena de noviembre de dicho año.

Esto ha provocado que se vea comprometida la operatividad del órgano garante en virtud de que los propietarios del inmueble en el que tiene su sede interpusieron un juicio ordinario civil reclamando la entrega y desocupación material de este, así como el pago del adeudo de las rentas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y septiembre, octubre y noviembre de 2017, que ascienden a cerca de un millón de pesos ($982,520.00).

Asimismo, que el organismo no cumpla de manera adecuada sus obligaciones fiscales, pues la propia Sefiplan ha requerido el pago del importe del impuesto del tres por ciento a la nómina.

Por otro lado, el Instituto ha recibido observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis); en la revisión de la cuenta pública de 2016 le indicó al IVAI que tenía que hacer requerimientos a Sefiplan para solicitar el pago, por ello se hicieron peticiones quincenal y/o mensualmente; y en la revisión de la cuenta pública de 2017 el Orfis señaló que el IVAI debía emprender acciones para obtener el monto pendiente.

Cabe mencionar que el Instituto ha privilegiado la vía del diálogo y la comunicación oficial con la Secretaría de Finanzas, el Secretario Ejecutivo del IVAI de manera puntual ha solicitado por oficio en múltiples ocasiones el envío de los faltantes señalados, sin embargo, la respuesta ha sido nula, provocando únicamente que el problema se incremente.

La omisión de la Sefiplan ocasiona una vulneración a la autonomía financiera del Instituto pues esta permite el ejercicio integral de las metas o actividades que se establecen en los programas anuales de actividades, cumplir con los objetivos y fines para los que ha sido creado el organismo constitucional autónomo. De ahí que en ese contexto y ante la última observación del Orfis, el Pleno del IVAI haya determinado ejecutar acciones legales.

En la sesión pública de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió 57 sentencias, de estas 47 fueron recursos de revisión y 13 fueron denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de diversos sujetos obligados.

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