Los dueños del territorio

Nazario Romero Díaz

Desde la salida de los españoles del México Independiente, el territorio de la zona de Martínez de la Torre y Tlapacoyan perteneció a don Guadalupe Victoria. Antes se lo había adjudicado el Virrey Félix María Calleja. Al triunfo de la Independencia Nacional, ocupó la primera presidencia federalista don Guadalupe Victoria, quién había sido gobernador de Veracruz, sólo un día.

Tanto Calleja como Victoria habían conocido este territorio, cuando el primero perseguía al segundo y hubo de refugiarse en las cuevas de Cedro Quebrado tras perder una batalla.
Luego de cumplir su mandato, Victoria adquiere la finca El Jobo, de Tlapacoyan, que era propiedad del clero y la ocupaban los misioneros filipinos que habían venido a evangelizar a los pueblos Totonacos. Pocos años después, el ex-presidente se hace de estas tierras en forma provisional. Gestiona ante el gobierno de Veracruz la donación del territorio, y el Congreso del Estado aprueba la solicitud en el año de 1842 al amparo de las Leyes de Colonización.

Al siguiente año, Victoria cae enfermo y es trasladado a Perote donde fallece en 1843. Al morir, queda como albacea el licenciado Francisco de Paula López, quien empieza a vender grandes superficies.

Don José María Mata compra toda la superficie ubicada a la margen derecha del río Bobos hasta parte del municipio de Misantla. También le compraron cinco mil hectáreas don Bernardo Sayago (San Marcos) y otras cinco mil el ingeniero Federico Gouichin (Arroyo Hondo).

En 1874, De Paula vende a don Rafael Martínez de la Torre todo lo que le quedaba, que era bastante. También había comprado a De Paula y al gobierno de Veracruz varias fincas ya establecidas anteriormente don Manuel Zorrilla Bringas.

La operación de compra-venta entre De Paula y Martínez de la Torre se realizó ante el notario público Antonio Ferreyro y quedó debidamente legalizada en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Jalacingo.

Don Rafael inmediatamente procedió a vender lotes de todos tamaños a los franceses de Jicaltepec.

Durante el Porfiriato el gobierno promovió la creación de las haciendas, y en este territorio funcionaron veintiún grandes haciendas de más de mil hectáreas cada una sumando en total cerca de ochenta mil hectáreas, sin considerar más de cien ranchos de menores superficies.

Las haciendas Mesa Chica, Solteros, San Marcos, Almanza y Perseverancia, sumaron treinta y cinco mil hectáreas.

Las más grandes haciendas que existían a principios del siglo pasado fueron La Palmilla, propiedad de Miguel Moya; El Jobo, de don Juan B. Diez; El Pital, Carsi Sucesores; Providencia, José Cazasa; Independencia, Flavia Torre; El Acantilado, Victor Levet ; Concordia, Juan Wellch; El Copal, Anglada; La Martinica y El Diamante, Manuel Rodríguez y Viuda de Rodríguez; hermanos Virués, Herminio Virués; Santa Elena, Rafael Sáenz; Arroyo Hondo, familia Gouichin; Rincón de la Miel, Teodoro Dehesa; Vega y Cuajilote, Vicente Libreros; San Ramón, Manuel Armenta.

Las más grandes haciendas fueron Solteros, Mesa Chica, San Marcos, Almanza y Perseverancia, que pertenecieron en aquella época al señor Manuel Zorrilla Bringas, quien compró al gobierno del Estado más de doce mil hectáreas de la hacienda Solteros a precio tan bajo que le salieron a noventa centavos la hectárea.

Las haciendas y todos los ranchos de aquella época florecieron durante varias décadas hasta que en 1915 Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria, pero su aplicación tardó muchos años debido a que varios presidentes de la República se oponían a ella, siendo el principal enemigo del ejido Plutarco Elías Calles.

En Veracruz fue el coronel Adalberto Tejeda, gobernador del estado durante dos períodos, quien con toda energía y valor impulsó el reparto agrario en toda la entidad, pese a la Mano Negra, organización criminal dirigida por Manuel Parra y tolerada por los gobiernos federal y de estado que nada hicieron por frenar la matanza de campesinos y sindicalistas.

Fue hasta después de la muerte de Parra cuando el gobierno federal encabezado por el general Manuel Ávila Camacho ordenó el exterminio de la citada organización.

Hoy todas las haciendas, o casi todas, están desaparecidas. Casi todo el territorio que ocuparon fue repartido en parcelas para miles de ejidatarios.

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