Plantea diputada del PRD acabar con la prohibición de la marihuana

Redacción

La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Verónica Juárez Piña (PRD), afirmó que existen las condiciones para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se analicen las iniciativas que plantean legalizar la marihuana y tener un marco jurídico que acabe con el prohibicionismo.

Al inaugurar el foro “¿Legalizar la marihuana?”, en el que especialistas, académicos, investigadores y representantes de organizaciones civiles expusieron sus puntos de vista, la diputada dijo que este espacio servirá para obtener más elementos para debatir en el Congreso de la Unión.

“Creemos que hay condiciones para discutir todas las iniciativas, como la que envió, en su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la que presenté a nombre del PRD en la Cámara de Diputados, y la de la diputada Martha Tagle Martínez (MC)”. Adelantó que pedirá trabajar en conferencia con la Cámara de Senadores para su análisis.

Recordó que ya se avanzó en su empleo medicinal, ahora el debate es para logar su uso lúdico y que el Estado pueda asumir la regulación de la hierba.

¿Por qué abordar este tema como un problema de salud y hablar de legalización desde el enfoque de salud pública?, ¿cuáles son los retos como país productor, de tránsito consumo?; ¿qué está ocurriendo con el crimen organizado y los jóvenes?, ¿cuáles son los índices de violencia en la cadena del mercado ilegal? y ¿cuáles las consecuencias de la política prohibicionista?, son algunas interrogantes que se deben abordar durante el camino hacia la legalización, afirmó.

La diputada mencionó que su fracción parlamentaria trabaja para que en la tabla del gramaje desaparezca el cinco por ciento permitido para consumo personal y que, al menos, cada unidad habitacional pueda tener hasta tres matas de hierba. Actualmente, “si alguien se pasa de ese gramaje, se cataloga como narcomenudista, y las cárceles están colapsadas, principalmente por jóvenes”.

El investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro, Froylán Enciso, consideró importante avanzar en una regulación que proporcione seguridad para todos, porque la “llamada guerra contra las drogas” ha dejado miles de personas asesinadas, desaparecidos y cientos de comunidades desplazadas.

Afirmó que es fundamental regular la marihuana, para retirar buena parte de la renta a las organizaciones criminales que generan violencia. “Tenemos que quitar las ganancias a los criminales y gastar ese dinero en justicia social, y nulificar el pretexto del gobierno para justificar la militarización”.

Además, sostuvo que se debe transitar hacia la regulación de otras sustancias, como la amapola, para fines medicinales. “Hay enfermos de cáncer que mueren de dolor. Además, es absurdo que los campesinos no tengan un mercado legal al cual ofrecer su producto y que, en lugar de producir las sustancias que necesitan los enfermos terminales, la exporten por medio del crimen organizado”.

Se tiene que avanzar en este tema de seguridad y justicia social, que será punta de lanza para cambiar la política de seguridad y de drogas, enfatizó.

Agregó que el mercado de las estupefacientes deja ganancias que se pueden utilizar para beneficio de la sociedad; por ello, propuso que por lo menos 60 por ciento de las licencias de producción se otorguen a comunidades campesinas; planteó que los impuestos que se obtengan por consumir marihuana, se etiqueten para el Fondo de Reparación de Víctimas, el desarrollo comunitario de productores y las políticas de prevención.

La directora general de México Unido contra la Delincuencia, Lisa María Sánchez Ortega, consideró que para regular el consumo lúdico, la producción y venta de la marihuana, se tiene que observar la forma de cómo hacerlo; este foro ayudará y será constructivo, porque permitirá entrar al detalle de cuáles deben ser las restricciones y salvaguardas del órgano regulatorio.

Agregó que México Unido Contra la Delincuencia está convencido de que, en este camino, el objetivo principal tiene que ser la mitigación de riesgos y daños en materia de seguridad y salud pública.

“Un modelo orientado a la salud pública lleva muchas salvaguardas, por ejemplo, al tema de mercadeo, anuncios, publicidad, acceso, otorgamiento de licencias y tipo de productos que se venden”.

Recomendó poner especial atención en la parte del consumo y elaboración, porque si se quiere que sea bueno para la política de seguridad, hay que atender los temas de erradicación, producción en el campo y transformación.

Opinó que el modelo no debe permitir la integración vertical de la industria, para que no haya captura del regulador; en este sentido, añadió, tendrá que ser un mercado lo suficientemente atomizado, para que quien produzca no pueda vender, quien venda no pueda transportar y quien transporte no pueda tener el resto de las licencias. “Lo que no queremos es que haya una industria igualmente poderosa”.

Consideró que en el proceso de análisis para legalizar la marihuana, se deben fortalecer las condiciones de atribución de licencia, de participación de la industria extranjera, de desarrollo de la industria nacional y de acceso a los distintos tipos de productos.

Durante la mesa “¿Por qué sí?”, Jorge Andrés Castañeda, coordinador de Proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), propuso pasar a un modelo comercial que favorezca a quién produzca la marihuana de mejor calidad y con el menor costo, creando de esa forma derrama económica. “Se sacará al crimen organizado poco a poco de una actividad tremendamente fructífera”.

Dijo que debemos tener un mercado regulado, no uno libre, subordinado a las consideraciones de salud pública. Puntualizó que existen 75 millones de personas viviendo en un régimen de mercados desarrollados, en donde la marihuana es legal, por lo que las oportunidades económicas son gigantescas y el mercado global de productos derivados de cannabis alcanza 40 mil millones de dólares al año, “más de lo que vende PEMEX”.

Propuso un impuesto progresivo a la venta de marihuana, el cual será destinado a cubrir los requerimientos de salud pública e impulsar el desarrollo de comunidades afectadas por la violencia y donde no existan oportunidades económicas.

Saúl López Noriega, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, pidió no asumir la regulación con una perspectiva penal, sino desde la óptica de la salud pública.

Consideró que el Estado debe ser receptor de la mariguana sembrada y cosechada por los productores locales, para que sea el gobierno quien tenga el control; sugirió, a su vez, otorgar franquicias para su venta, la cual deberá incluir el cobro de impuestos y utilidades económicas.

Comentó que no se trata de adoptar modelos aplicados en otros países a pesar de su éxito, sino de crear uno propio acorde al escenario mexicano.

El ex diputado federal, Fernando Belauzarán Méndez, aseguró que es falso que la regulación de esta droga escale su consumo, aunque, aclaró, es normal que al principio aparezca un pico, para posteriormente estabilizarse. “Es mejor tratar en la formalidad, pues en el mercado negro todo es pernicioso”, expresó.

Mencionó que las drogas siempre han acompañado a la humanidad durante toda su historia; actualmente, las ilegales son más accesibles para los menores de edad, incluso, ha aumentado su consumo entre dicha población.

Declaró que posiblemente México es el país que más ha pagado por la guerra contra las drogas, especialmente por ser vecino de Estados Unidos, el principal consumidor. Dijo que el miedo primordial es el costo político, debido a los prejuicios que existen alrededor del consumo, pero eso nos priva de contar con una nueva industria.

Destacó que, de ser regulada, podríamos contar con los beneficios de un control de calidad del producto. “Ya existe una jurisprudencia en la Corte que reconoce el derecho de adultos para consumirla, pero al carecer normatividad para su comercio, deben cultivarla de forma casera”.

Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, aseguró que el sistema penal se utiliza de forma indiscriminada para resolver problemas de salud. Un caso, “son los tribunales para tratamiento de adicciones, los cuales judicializan a usuarios, buscando un nexo entre el consumo y una conducta ilícita”.

La prohibición, confirmó, “no es medida eficaz para tutelar la salud de las personas, no se cuenta con capacidad para conocer la calidad del producto, ni trazabilidad para detectar si un lote viene mal, como con los medicamentos. Quienes usan drogas están expuestos a algo que no fue supervisado”, sostuvo.

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