Hora Cero

Los despidos en el Gobierno del Estado

Luis Alberto Romero

Entre los trabajadores del gobierno del Estado prevalece un ambiente de cierta preocupación, incertidumbre con relación al futuro laboral; es decir, temen despidos.

Las dependencias estatales han exigido las renuncias a los ex funcionarios de primer y segundo nivel que trabajaron durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, lo cual es considerado normal en cada cambio de administración.

Cada gobernador llega con su gente, con nuevos colaboradores, y por lo general respeta sólo a los empleados de base y sindicalizados; el resto, de jefes de oficina para arriba, jefes de departamento, subdirectores, directores, subsecretarios y secretarios, renuncian a sus cargos, en algunos casos por congruencia política, en otros por ética y en unos más por dignidad o decoro.

Entre los funcionarios del gobierno que se va hay quienes, sin embargo, prefieren que les pidan la renuncia correspondiente, exponiéndose de forma innecesaria al ridículo.

Hay funcionarios, también, que establecen cierto diálogo con los nuevos gobernantes, a efecto de mostrarse colaboracionistas y entregar la información que consideran delicada, importante, fundamental para el funcionamiento de las dependencias, con el objeto de conservar la chamba.

Hay gente, entre los funcionarios, que gozan de prestigio profesional y con base en ello logran mantenerse y sobrevivir a los cambios de sexenio.

También hay, y podría considerarse normal, quienes buscan mantenerse en sus espacios laborales por instrucción de sus anteriores jefes; gente de esa no falta, ya que los funcionarios de primer nivel que se fueron con el cambio de gobierno intentan a toda costa dejar a quienes les cuiden las espaldas, tapen el tiradero y les proporcionen información sobre los cambios.

Por ejemplo, las áreas jurídicas manejan información delicada, clasificada incluso, sobre las denuncias, demandas y situación legal de las dependencias; en esos casos, son comprensibles, justificables y hasta obligatorios los cambios.

En el área jurídica de Comunicación Social tenemos el caso de Pablo Alejandro González Rodríguez, quien trabajó en el departamento de transparencia durante el bienio de Miguel Ángel Yunes. Se decía que en ese cargo, este funcionario era protegido por el José de Jesús Rosales Romero, quien se desempeñó como director jurídico de la dependencia que antes ocupaba Elías Assad.

Se comenta en esa oficina que Pablo González es incondicional de Rosales Romero, padre de la ex secretaria de Desarrollo Social y actual senadora panista Indira Rosales San Román; de tal manera que quienes sí trabajan actualmente en la CGCS ven con extrañeza la permanencia de alguien tan identificado con el primer círculo de la pasada administración y tan evidentemente comprometido con el yunismo, en un área considerada tan fundamental y delicada como lo es el departamento jurídico.

Para acabar pronto, toda la información de los juicios que pudieran resultar de los presuntos malos manejos y/o las omisiones, de los presuntos contratos fuera de norma, y de las irregularidades que podrían ser detectadas, debe pasar por el área jurídica, que es ocupada hoy por un funcionario del yunismo.

La pregunta obligada es ¿a quién le sería leal, llegado el momento, este personaje, si a Yunes Linares o al actual gobierno?.

Cualquier abogado, principiante incluso, sabe que son factores determinantes para ganar los casos la secrecía y el cuidado de la información; el respeto y el cumplimiento de los términos. Son esos los puntos que podrían estar en riesgo en Comunicación Social, si es que en esa área se mantiene un personaje cuyos intereses y fidelidades están, digamos, en entredicho. @luisromero85.

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