Hora Cero

El escándalo de las videocámaras

Luis Alberto Romero

En octubre de 2018, cuando a la pasada administración le faltaban días para concluir su periodo, una cuadrilla de trabajadores se encontraba en la zona de Lucas Martín, asentamiento poblacional de la capital de Veracruz; el grupo instalaba una cámara de videovigilancia, de las que había anunciado un año atrás el gobierno estatal, cuando algún curioso se acercó para preguntar los detalles de la operación del aparato.

Los trabajadores respondieron que ellos sólo se dedicaban a colocar la cámara, pero que ésta no funcionaría debido a que no estaba conectada a red alguna.

Faltaban menos de dos meses para que terminara el gobierno de Yunes Linares y ya se anticipaba que ese proyecto no tendría buen fin, debido a que no había forma de que pusieran en operación las cámaras, con tan poco tiempo.

Durante el último semestre de 2018, los veracruzanos observamos cómo fueron colocados los enormes postes que servirían para colocar las cámaras.

Los aparatos también fueron instalados pero, en efecto, no están conectados y, por tanto, no sirven más que como monumento a los proyectos inconclusos.

Con bombo y platillo, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció la instalación de 6 mil 476 videocámaras en diferentes puntos de la geografía veracruzana.

En octubre de 2017, once meses después de instalarse en el Poder Ejecutivo de Veracruz, Yunes Linares dio a conocer que en la entidad sólo funcionaban 180 cámaras y que esos aparatos no eran suficientes para mantener vigilada la vía pública.

En un evento realizado en el patio central de Palacio de Gobierno, el ex gobernador dijo que las casi 6 mil 500 cámaras del Sistema Estatal de Videovigilancia tenían la más moderna tecnología del mundo; que detectaban movimiento inusuales; y que servirían, incluso, para el reconocimiento facial, así como de placas vehiculares. En fin, una maravilla que costaría a los veracruzanos sólo 700 millones de pesos; sólo le faltó decir a Yunes que ese monto por tan avanzada tecnología era una bicoca.

Lo malo es que posterior a la asignación de dicho contrato, trascendió que la empresa que se encargaría de ello, Comtelsat, S.A. de C.V., vinculada al periódico El Financiero, recibió un contrato por más de mil millones de pesos, y no por los 700 que anunció Yunes.

Por otro lado, prácticamente al iniciar la LXV Legislatura del Estado, los diputados lanzaron un exhorto al Órgano de Fiscalización Superior para que revisara el asunto de la adquisición e instalación de videocámaras.

El titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, dijo que durante enero comenzaría la auditoría y que en mayo se emitiría el dictamen correspondiente.

Sobre este asunto, este fin de semana el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció la presentación de una denuncia, dadas las irregularidades administrativas y operativas detectadas en el Sistema Estatal de Videovigilancia.

Apuntó el funcionario que solo opera, con deficiencias, el 34 por ciento. “En total se hizo una inversión por mil 100 millones de pesos para la contratación y operación de seis mil 316 de cámaras en la entidad”.

El tema podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para Yunes Linares y para los demás involucrados en la compra de las videocámaras, sobre todo una vez que avance la auditoría al ejercicio 2018 por parte del ORFIS.

Por cierto, entre las dependencias de la pasada administración, las secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública se perfilan como la que más registrarán irregularidades. Lo malo para el yunismo es que ahora no tendrá un Congreso a modo que apruebe todas las cuentas sin chistar. @luisromero85

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