La Fiesta del Té

Hablemos de seguridad

Brisa Gómez

Ernestina y Claudia no se conocieron, sin embargo tienen muchas cosas en común. Ambas mujeres, nacieron en Veracruz y enfrentaron situaciones críticas por su encuentro con las fuerzas armadas. Sus casos tocaron las cortes más altas exigiendo justicia.

Ernestina fue una mujer indígena, cuya muerte encendió las alarmas no sólo en Soledad Atzompa, de donde era originaria y donde vivió toda su vida, sino del país, pues en un primer momento se acusó a elementos del Ejército de haberla agredido física y sexualmente, ocasionándole la muerte días después en un hospital. Semanas después, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando Fidel Herrera era Gobernador, bajo circunstancias extrañas, se cambió la causa de muerte a “causas naturales” ocasionadas por anemia y problemas gastrointestinales.

Aún recuerdo esos primeros días de febrero, cuando escuché a un corresponsal de radio en la zona centro, de la estación donde yo trabajaba, relatar cómo habían encontrado a doña Ernestina aún con vida y la llevaban al hospital, mientras decía a su familia que se le habían echado encima los soldados, después falleció e inició la polémica político-partidista y los desmentidos de un gobierno y otro.

El caso de Claudia fue algo distinto, en agosto de 2012 ella dormía con su esposo en su casa en el puerto de Veracruz, cuando un grupo de Marinos ingresó por la fuerza, sin orden judicial, los sacaron de su vivienda y los retuvieron por varias horas. A ella la agredieron física y sexualmente, a él sólo físicamente. Ambos fueron acusados -junto a otras personas-, de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada, sin pruebas ni nada, sólo obligándoles a firmar una confesión bajo tortura.

También recuerdo las imágenes de Claudia, cuando se presentaron ella y varios hombres, detrás de una mesa llena de armas, ella visiblemente afectada, llorando y en la imagen algo llamaba la atención, pues no se veía como las otras presentaciones que se hacían ante los medios. 

Ambos casos, junto a muchos otros, se dieron en el marco de la lucha contra el narcotráfico, en un momento en que el Ejército y la Marina empezaron a patrullar las calles para acabar con la delincuencia organizada, con lo que se dio una espiral en el aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Tanto el Ejército como la Marina tienen fines específicos, el primero resguardar la soberanía nacional enfrentando a enemigos externos. La Marina debe cuidar las costas, sin embargo desde hace 12 años les podemos ver a bordo de sus unidades circulando por las calles de las ciudades, las carreteras, realizando tareas de patrullaje, como si estuviéramos en una guerra interna.

Existe una Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que fue levantada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en 2016, que revela datos interesantes sobre el actuar del Ejército, la Marina, la Policía Federal, las Policías Estatales, Municipales y Ministeriales de las entidades.

Ahí se muestra que al menos en el 57 por ciento de las detenciones practicadas por Marinos, las detenidas fueron desvestidas, además de que el 40 por ciento fueron violadas; mientras que en las detenciones llevadas a cabo por elementos del Ejército el 47 por ciento de las mujeres fueron desvestidas y el 20 por ciento fueron violadas.

Las violaciones sexuales en hombres, al ser detenidos, no presentan cifras con porcentajes tan altos como estos, pues en el caso de la Marina, sólo el cinco por ciento de los detenidos sufrieron violencia sexual, mientras que en las detenciones del Ejército, sólo el cuatro.

La Guardia Nacional y la Ley de Seguridad Interior, han sido intentos por legitimar la presencia del Ejército y la Marina en las calles, es decir, dejar por escrito la militarización del país, que en la práctica es un hecho desde el gobierno de Felipe Calderón, quien declaró una guerra contra el narcotráfico dentro del territorio nacional, que dejó víctimas inocentes como “daños colaterales”.

La tendencia en distintos países va en el sentido contrario al que vamos en México, pues lejos de mantener a las fuerzas armadas en las calles, buscan reforzar a las policías civiles, dándoles capacitación, armamento, atención, para prevenir, frenar y sancionar delitos que para nosotros son catalogados como del fuero común y el fuero federal (robo, violación, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, y otros).

Aún recuerdo que hace 10 años, en los desfiles, cuando pasaban los contingentes del Ejército y la Marina, la gente se volcaba en aplausos y gritos agradeciendo su presencia, por su dedicación para garantizar la seguridad de la población. La última vez que vi un desfile apenas el año pasado, la respuesta de la población no era así. Incluso en las calles la gente voltea a ver pasar las unidades con un dejo de preocupación en su rostro, no por deber algo, sino por temer convertirse en daño colateral o ser confundido con alguien que si la deba.

He visto estos días opiniones de diferentes personas, a favor y en contra de la formalización de esta militarización del país, diciendo que en entidades como Tamaulipas, la llegada del Ejército es lo que les ha dado un poco de paz ante la ola criminal que les impedía habitar la planta baja de sus viviendas por temor a las balaceras o el abrir un negocio por temor al secuestro y las extorsiones o los levantones, lo cual es entendible.

Sin embargo los datos están ahí, el Ejército y la Marina no han tenido una formación humanista que permita garantizar la seguridad de la población civil sin incurrir en actos que pudieran lesionar los derechos humanos de culpables o inocentes.

Cuando se cometen estos actos, tampoco es la justicia civil la que se encarga de sancionarlos, pues se rigen por la justicia militar, que es poco transparente y no garantiza la reparación del daño a civiles.

Claro, las policías Federal, Estatales y Municipales tampoco se salvan, en Veracruz tenemos el caso de Tierra Blanca, donde elementos estatales privaron de la libertad a un grupo de cuatro jóvenes y una menor de edad, para entregarlos a la delincuencia organizada o en Papantla, la policía Municipal incurrió en desaparición forzada también contra jóvenes de una comunidad.

La seguridad ha sido un problema que ha ido complicándose año con año, lo señalan las cifras, no sólo de INEGI, sino también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde delitos como el homicidio, el robo, el secuestro, la violación y el feminicidio van en aumento.

Se necesita un verdadero compromiso de las autoridades civiles en las tres instancias de gobierno para garantizar una solución, pues simplemente formalizando la militarización del país, no se va a lograr y la situación llegará a un punto crítico, me temo, en el que la convivencia será muy difícil.

Ojo, no se trata de satanizar a los elementos del Ejército o la Marina, sin embargo si es necesario señalar que se necesita una forma de operación diferente a la que se está planteando en este nuevo gobierno para verdaderamente atender la situación de inseguridad que existe.

Porque aquí tod@s estamos loc@s

@brisaencontacto

columnalafiestadelte@gmail.com

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