Promueven reformas para que Estados contraigan deuda sólo con autorización de su Congreso

Redacción

El diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) promueve una iniciativa para establecer que sólo con autorización de la mayoría calificada del Congreso local, los estados y municipios puedan contratar obligaciones para el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública.

Sólo se permitirá durante los primeros doce meses del periodo constitucional y cuando la administración pública se asuma en condiciones de quiebra financiera, previa denuncia ante las instancias estatales de control.

El legislador indicó que las reformas a la Constitución y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobadas en 2015 y 2016, permitieron que los poderes ejecutivos estatales tuvieran la facultad de contratar créditos a corto plazo, sin requerir la aprobación del Congreso local.

“Se atentó directamente contra el principio básico de la división de Poderes y se dejó en un solo orden de gobierno el manejo de recursos que pertenecen a la generación presente, pero también a las siguientes”, manifestó.

El diputado, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó que entre 2001 y 2017, las obligaciones financieras del sector público subnacional se incrementaron 60 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB); es decir, la deuda de las entidades federativas pasó de 1.9 a 3 por ciento del PIB.

Asimismo, el saldo de las obligaciones financieras de estados, municipios y sus entes públicos, respecto de las participaciones, durante el mismo periodo, pasó de 50.9 a 75.2 por ciento; por tanto, la deuda creció de 100 mil 243.1 millones de pesos, a 580 mil 644.7 millones de pesos.

En su iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y publicada en la Gaceta Parlamentaria, Sánchez Barrios consideró que el incremento de deuda en estados y ayuntamientos es alarmante eimplica que las cargas monetarias de las administraciones locales, no sólo dejaron de contribuir a elevar la productividad, sino redujeron los montos disponibles para la inversión prioritaria.

Indicó que su propuesta, que reforma diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pretende atender tres aspectos fundamentales: destino de los recursos, impacto del endeudamiento público en la productividad y equilibrio de poderes.

Estimó que el erario estatal es relevante porque afecta los recursos que a futuro han de destinarse a su pago o garantía, además deincrementar las cargas que se dejan a los gobiernos posteriores; por ello, dijo, “se busca evitar que la falta de liquidez impacte en los servicios que se proporcionan a la ciudadanía”.

Refirió que los gobernantes justifican la adquisición de empréstitos, y por ende sus consecuencias; sin embargo, las cargas financieras inciden en todos los ámbitos de la vida nacional; por ejemplo, en el proyecto de desarrollo, economía, empleo y políticas sociales.

Sánchez Barrios concluyó que los gobernantes “no tenemos derecho a hipotecar el futuro de las nuevas generaciones, sino la responsabilidad de prevenir errores que afecten a la ciudadanía”.

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