Al pie de la letra

«Estafador maestro» en la CGE

Raymundo Jiménez

La semana antepasada se registró la primera crisis interna en el gabinete del gobernador Cuitláhuac García que habría derivado, el miércoles 13, en la renuncia de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Leslie Mónica Garibo Puga.

Ante el escándalo detonado en las redes sociales, el mandatario persuadió a su colaboradora para que reconsiderara su dimisión. Garibo Puga aprovechó una serie de concesiones para sacudirse a recomendados de influyentes personajes y funcionarios que presumen de ejercer un gran ascendiente sobre el gobernador. El lunes pasado hizo movimientos en tres direcciones generales de la CGE, y removió a contralores internos de 15 dependencias estatales, los cuales obedecían a intereses de otros grupos internos.

A Mercedes Santoyo Domínguez, quien formaba parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la designó Directora General de Fiscalización Interna en sustitución de Elisa Álvarez Nieves; a Rafael Rigoberto Galindo Silva, hermano de la diputada local de Morena por Xalapa, Rosalinda Galindo, lo nombró Director General de Fiscalización de Fondos Federales que ocupaba Jesús Sánchez Carballo, pero el fichaje estelar fue el de Miguel Ángel Vega García, quien tras desempeñarse en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al lado de Rosario Robles, ahora sorpresivamente aceptó ocupar un cargo de muy bajo perfil: la Dirección general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, que desempeñaba desde diciembre pasado el maestro Nicolás Lorenzo Hernández.

Obviamente el nombramiento de Vega García fue el que más desconcertó, pues para empezar debe percibir, si bien le va, el 25 por ciento de los ingresos totales que recibía en la administración federal de Peña Nieto, pues el gobernador se asignó un sueldo mensual de 74 mil 938 pesos; mientras que los secretarios de despacho y homólogos –como la contralora Garibo Puga– ganan 60 mil 540 pesos; los subsecretarios 52 mil 320 pesos, y los directores 40 mil 476 pesos. ¿Le alcanzará al ex funcionario peñista ese ingreso para pagar renta y comidas en Xalapa?

Pero lo más cuestionable es que este abogado veracruzano salió del gobierno federal anterior con el estigma del mega fraude conocido como “La Estafa Maestra”, la galardonada investigación periodística realizada en 2017 por el portal Animal Político junto con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, la cual destapó en la Sedesol y Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles, un esquema fraudulento de triangulación de recursos públicos para el desvío de más de 3 mil 433 millones de pesos mediante un sistema de 128 empresas fantasma.

A nadie le queda duda, pues, que con toda esta experiencia, Vega García será quien realmente se haga cargo de la Contraloría General, ya que Garibo Puga es una abogada litigante cuya principal trayectoria ha sido como representante electoral de Morena ante el OPLE y el INE.

 

CONCURRIDO EVENTO DEL PODER JUDICIAL

El sábado anterior, en presencia de magistradas, magistrados, jueces de primera instancia y municipales, secretarios, auxiliares, peritos, operadores judiciales, autoridades militares y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, anunció el Plan de Trabajo Institucional del Poder Judicial en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, implementada por el gobernador Cuitláhuac García.

Luego de señalar que “quienes laboramos en el Poder Judicial nos sumamos a la iniciativa del titular del Ejecutivo Estatal para la construcción de una agenda en pro de las mujeres, pues la violencia de género es un fenómeno que día a día acontece en nuestra sociedad y transforma de manera negativa la realidad de un sector de la población con un alto nivel de vulnerabilidad como las niñas y mujeres veracruzanas”, Álvarez Peña anunció cuatro ejes estratégicos con enfoque de género:

1.- La capacitación sistemática y obligatoria para juezas, jueces, defensores públicos, abogados y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

2.- Aplicar efectivamente el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.- Garantizar que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad; e implementar un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita.

4.- Y que los procedimientos judiciales sobre violencia contra las mujeres y los feminicidios se apeguen a los estándares internacionales.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de la línea telefónica gratuita 01800-999-1560 a partir de marzo, para denunciar actos discriminatorios por parte de los servidores públicos del Poder Judicial; lo que se suma a la labor que llevarán a cabo los nuevos juzgados “microrregionales”, que estarán localizados en zonas rurales con altos índices de marginación.

Finalmente expresó: “reitero mi adhesión al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, titular del Poder Ejecutivo, quien marcó la pauta para impulsar el programa ‘Cero tolerancia hacia la violencia contras las mujeres y niñas’, quien ha sido enfático en destacar la necesidad de atender esta situación; el gobierno del Estado cuenta con todo el respaldo institucional del Poder Judicial que me honro en presidir”.

Posteriormente se instaló la Mesa de Diálogo “Violencia de Género: compromisos y retos jurisdiccionales”, en la que participaron como panelistas expertas en la materia como la Dra. Martha Mendoza Parissi; Dra. Rosalba Quiroz García; Dra. Araceli González Saavedra, Directora de “Equifonía”; Mtra. Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Estado de Tlaxcala, y la Magistrada en Retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo.

 

INÉDITA ELECCIÓN PRIISTA

Este domingo, los miembros del Consejo Político Estatal del PRI determinaron que se elija a la nueva dirigencia mediante el método de la consulta directa a la base militante.

Esta inédita decisión parece haber motivado al alicaído priismo veracruzano, pues nunca se le había dado la oportunidad de elegir a sus dirigentes, ya que tradicionalmente la designación siempre la tomaba el gobernante en turno, el llamado “Primer Priista” del estado, y los consejeros sólo se encargaban de ratificarla en una convención. Sin embargo, ante la orfandad política en la que han quedado –sin gobernador surgido de su partido desde diciembre de 2016, y ahora también sin un correligionario en la Presidencia de la República–, a las cúpulas estatal y nacional del tricolor no les ha quedado de otra que voltear hacia su militancia.

Sin embargo, habrá que ver cómo logran legitimar y salir fortalecidos de este proceso interno, pues al parecer el partido nunca ha contado con un auténtico  padrón de militantes y ahora tampoco dispone  de los suficientes recursos propios que requerirá organizar una elección estatal.

Al parecer, el priismo intenta reinventarse, democratizándose y unificándose para volver a ser electoralmente competitivos. No será tarea fácil. Y es que luego de la debacle del año pasado, en la que fueron relegados hasta el tercer lugar en las elecciones de Gobernador y Presidente de la República, y que no lograron ganar una sola diputación local ni federal, varios de sus ex líderes y militantes comenzaron a buscar nuevas opciones partidistas.

En el estado, por ejemplo, son 15 organizaciones que han solicitado registro como partidos políticos locales ante el OPLE. Varias encabezadas por ex dirigentes y ex miembros del tricolor.

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