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Sistema anticorrupción, riesgo de muerte por inanición

Luis Alberto Romero

Probablemente por desconocer lo que ocurre en su dependencia, en días pasados la contralora del Gobierno de Veracruz, Leslie Garibo Puga, negó que dicha oficina haya recibido 40 denuncias por presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios estatales.

La contralora dio respuesta a las declaraciones del titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, quien reveló que ese organismo turnó a la CGE 40 expedientes que se relacionan con señalamientos por diversas irregularidades, entre las que se encuentran los presuntos casos de nepotismo que se han señalado en la Secretaría del Trabajo.

Las denuncias, a pesar de lo que diga Leslie Garibo, sí fueron turnadas a la Contraloría por parte del SEA; son 40 en total que, al parecer, duermen en algún cajón de la oficina de la contralora.

Se trata de 14 denuncias por presuntos actos de corrupción en el ORFIS; 13 más, que corresponden a la Contraloría General del Estado; 3, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 3 más al Congreso del Estado de Veracruz;  2 a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción; además de 5 que corresponden al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Salud, al Organismo Público Local Electoral y a la Secretaría de Gobierno, una sobre cada una de esas instancias.

Habría que decir que el SEA ha remado a contracorriente desde la pasada administración estatal; recordemos que el Sistema fue creado durante el gobierno yunista, al que los comisionados cuestionaron por la aprobación de la cuenta pública 2017, cuyas observaciones habrían sido maquilladas desde la pasada Legislatura para que las dependencias y algunos ayuntamientos salieran limpios del proceso de fiscalización.

Lo cierto es que en la actualidad Leslie Garibo, al igual que otros funcionarios del gobierno veracruzano, ha optado por no participar en los eventos que organiza el Sistema Estatal Anticorrupción; el organismo, por ejemplo, ha signado convenios de colaboración con cámaras empresariales y en todos estos eventos han estado ausentes los funcionarios estatales, a pesar de que en algunos casos, como el de la contralora, es parte del propio Sistema,

En el SEA, por cierto, crece la percepción de que el Gobierno de Veracruz determinó asfixiar presupuestalmente al organismo, dado que de los 40 millones de pesos que solicitó para el ejercicio 2019, la Legislatura del Estado sólo autorizó 20 millones, insuficientes para cumplir con la agenda anticorrupción de Veracruz y de México.

A esto habría que agregar que el próximo 10 de abril entra en vigor la política nacional anticorrupción del SNA, que implica 60 prioridades que deben cumplirse en los estados; es decir, son programas que demandan recursos. En dicho escenario, Veracruz incumplirá un mandato de la Constitución General de la República, la Ley del SNA, y de la propia ley local, por falta de recursos.

Por ello, en esa oficina se habla de la necesidad de solicitar, en agosto o septiembre, una ampliación presupuestal que permita el correcto funcionamiento del Sistema. De no lograr esos recursos, no sería descabellado el cierre del SEA veracruzano, algo así como la muerte por inanición. @luisromero85

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