Al pie de la letra

Gobierno de familiares

 

Raymundo Jiménez

La toma de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, este lunes, por centenares de militantes de la UGOCP que exigen la destitución, por “inútil”, del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez –a quien acusan de despachar solamente los miércoles–, ha vuelto a ventilar el trillado tema del nepotismo y del tráfico de influencias que sigue estigmatizando a la actual administración estatal de Morena.

Y es que según los manifestantes –que reclaman rehabilitar las carreteras que comunican a más de 70 municipios, principalmente de la Cuenca del Papaloapan y del norte del estado donde esta organización campesina tiene mayor presencia–, Hernández Gutiérrez habría sido nombrado en esta importante dependencia sólo por ser cuñado de la diputada federal Dorheny García Cayetano, cuya hermana Ailett, de los mismos apellidos, despacha como Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Como ya se ha comentado hasta el hartazgo, las dependencias del gobierno de Cuitláhuac García, al igual que en el pasado, se han convertido en agencias de colocación de los hijos, hermanos, cuñados y parejas sentimentales de militantes y simpatizantes del nuevo grupo en el poder.

Contrario a la declaración de principios del partido gobernante, la flamante administración estatal ha fomentado el “acomodo” de familias enteras, una práctica inmoral que anteriormente, desde la oposición, criticaban a las administraciones del PRI y PAN.

El primer caso más estridente fue el de la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles, quien pretendió colocar a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como jefa del Departamento Jurídico en esta dependencia estatal de la que es titular.

En un audio que circuló en las redes sociales se le escuchó a la secretaria de despacho justificar así su polémica decisión: “Es mi hija, y no por ser mi hija está ahí, sino porque es parte de esta transformación.”

Sin embargo, ante el escándalo mediático, el gobernador Cuitláhuac García salió a declarar, el 5 de marzo, que Quetzalli Cárdenas nunca laboró en la Secretaría del Trabajo. “Nosotros le hicimos la observación a tiempo para que no lo hiciera. No sucedió. Yo creo que estaba buscando apoyo de mucha confianza, pero por fortuna la advertencia fue a tiempo y no sucedió”, dijo el mandatario estatal, evidenciando de hecho la intentona de su colaboradora por nombrar a su hija.

El pasado 8 de marzo, la contralora Leslie Garibo Puga comentó que solo había dos expedientes de queja: el número 03/2019, sobre un caso de nepotismo en la Secretaría del Trabajo, y el 19/2019 referente a otro de la Secretaría de Salud, a cuyo titular, Roberto Sánchez Alor, le atribuyen haber designado a cinco sobrinos, a un medio hermano y a su pareja sentimental en diversos cargos del sector salud.

 

FISCAL ‘UNE’ A LOS ABOGADOS

El fiscal general Jorge Winckler se ha quejado de que el gobernador Cuitláhuac García le ha pedido que no se presente a las mesas de construcción por la paz que encabezará en su próxima visita a Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará el 21 y 22 en el estado.

Sin embargo, el abogado yunista sigue dando motivos de sobra para lo que lo excluyan de estas reuniones.

Ahí está el caso más reciente del abogado Arturo Nicolás Baltazar, en cuya defensa salió  este lunes un grupo de representantes de 46 agrupaciones jurídicas del Estado de Veracruz, los cuales se dijeron “preocupados por la deficiente actuación” de Winckler Ortiz, al cual acusan de “falto de conocimientos y capacidad jurídica en la implementación del nuevo sistema de justicia penal”, imputándole que “tiene secuestrado el Estado de Derecho, amparándose en la ‘autonomía’ que la ley le otorga a la Institución de Procuración de Justicia,  sin que ningún órgano pueda interferir en el desarrollo de sus funciones…”

Lo anterior, aducen, debido a que en la madrugada del sábado 13 del presente mes, en un retén en la Av. Rafael Cuervo, de la ciudad de Veracruz, en un operativo de Tránsito Municipal, “fue arbitrariamente detenido el abogado Arturo Nicolás Baltazar, acusado de Ultrajes a la Autoridad”.

Al abogado, refieren, “se le ve esposado de un brazo y el otro brazo sujeto a la estructura tubular de una camioneta de la policía municipal”, y que, “ya detenido, en el mismo lugar le fue practicada la prueba de alcoholímetro, cuyo resulto fue NEGATIVO, como quedó gravado en el video…”

Exponen que “si bien es cierto no contaba con la licencia de manejo, también es bien cierto, que por esta infracción administrativa no ameritaba el trato que en ese momento se le estaba otorgando por parte del Delegado y/o elementos de Tránsito Municipal y/o Policía Municipal, al tenerlo esposado como vil delincuente…”

Señalan que “posteriormente fue denunciado por Ultrajes a la Autoridad para justificar el exceso y abuso de la autoridad de tránsito municipal, excesos solapados por el Alcalde Fernando Yunes Márquez, quien caprichosamente se apoyó en el C. Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General del Estado, ex empleado de su padre Miguel Ángel Yunes Linares, para que dolosamente permaneciera detenido las 48 horas de ley  a pesar de que el delito que nos ocupa  no está considerado como delito grave, por lo tanto previa declaración en forma automática quedaría libre…”

Indican que por este delito, de acuerdo al Artículo 331 del Código Penal del estado, se pueden imponer de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario “a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.”

Sin embargo, apuntan que “es de transcendental importancia destacar que el referido postulante, en ejercicio de su profesión, asumió la defensa, ante los Tribunales de personas cuyas detenciones y procesos fueron ampliamente publicitados por la anterior administración estatal que encabezó el C. Miguel Ángel Yunes Linares”, por lo que “en consecuencia, cualquier investigación seria, completa y responsable que se realice en torno de los sucesos que condujeron a la privación de la libertad del referido letrado, no debe disociar éstos de su actividad profesional.”

Y refieren como “ejemplo de actos de prepotencia” de la FGE a cargo de Winckler Ortiz, la denuncia presentada por el C. Secretario de Educación,  Zenyazen Roberto Escobar García, quien al término de la diligencia, fue abordado por un empleado de la Fiscalía General para advertirle que estaba denunciado.”

En el caso de Arturo Nicolás Baltazar, detenido “bajo el argumento inicial de que se encontraba en estado de ebriedad, hipótesis que se desvaneció al resultar negativa la prueba realizada con el alcoholímetro”, los abogados refieren que “a la postre, ante la circunstancia de que no llevaba consigo su licencia para conducir (que amerita una sanción de orden administrativo), esposado, y sin que estuviera fundada y motivada la privación de su libertad, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial ante lo que se ha pretendido hacer pasar por una conducta constitutiva del ilícito de ultrajes a la autoridad.”

“Tales hechos –exponen– acaecieron en un municipio gobernado por el C. Fernando Yunes Márquez (hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares), a cuyo mando se encuentran los elementos que ejecutaron la detención.”

Ante esta aberrante situación, se pronunciaron por “contar con una Fiscalía General en el Estado, dotada de autonomía, con fortaleza orgánica y con una nueva estructura para enfrentar los retos que hoy enfrenta el nuevo sistema de justicia en México”.

Manifiestan que precisamente se pensó otorgarle autonomía “para  aspirar a generar condiciones de imparcialidad y dotar mayor fortaleza a esta institución en su tarea de procurar justicia”, por lo que “incluso con esta figura jurídica se separó del mando del gobernador, asegurando de esta manera su tarea para perseguir el delito, aun cuando las investigaciones recayeran dentro de las esferas de poder, pero en las circunstancias del actual diseño constitucional de dicha figura, es necesario reflexionar con seriedad si el mismo no responde a estas demandas, por lo que es necesario reconocer que la misma requiere ajustes.”

“Quienes suscribimos expresamos nuestra preocupación e indignación ante hechos que, notoriamente, configuran una violación a la legalidad y a los derechos fundamentales del Licenciado Arturo Nicolás Baltazar. Más grave aún es que lo acontecido abona a la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia los cuerpos de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, cuya autonomía ha sido severamente cuestionada (entre otros, por el propio Arturo Nicolás Baltazar), dado que la Procuración de Justicia en Veracruz parece no estar al servicio de la sociedad, sino de personas en particular para fines distintos a los previstos en las normas.”

En su manifiesto, expresan que “la función de los abogados, delicada y riesgosa de por sí, debe ser garantizada por el Estado y todas las instancias del gobierno (tanto la Federación, como las entidades federativas y los municipios). El Derecho Humano de toda persona a contar con asistencia letrada sólo puede cristalizarse con la actuación de los profesionales del Derecho; por ende, cualquier acto que tienda a intimidar a los abogados, no solamente menoscaba las garantías individuales de quien es víctima directa de ataques como el que ha sido descrito, sino que también violenta el derecho esencial de cualquier persona a contar con los servicios de un abogado, sin importar de quién se trate o de qué se le acuse.”

“En el mismo tenor, en un estado democrático, los ciudadanos tenemos el derecho inclaudicable de cuestionar la actuación de nuestras autoridades; en consecuencia, solamente en las tiranías la asertividad se transmuta en ‘ultraje’ a la autoridad.”

Concluyen planteando al gobernador Cuitláhuac García y a los representantes del Congreso del estado, las siguientes consideraciones:

“1.- Que se investiguen exhaustivamente los hechos que denunciamos, que se conozca su origen, motivaciones, circunstancias, y el nombre de los servidores públicos que intervinieron (quienes tienen que dar cuenta puntual de su actuación a la sociedad), en aras de que se conozca la verdad histórica de estos acontecimientos.

“2.- Que se deslinden las responsabilidades y se imponga la sanción correspondiente, si ha lugar a ella, a quienes hayan ejecutado o mandado a ejecutar tales actos, brindándoles todas las garantías que nuestro Estado de Derecho concede a los individuos, con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

“3.- Que todas las instancias de gobierno garanticen que los profesionales del Derecho (y, en general, los ciudadanos) no seremos víctimas de abuso por parte de ninguna autoridad. Menos aún, si los hechos que lo motivan están vinculados con el libre y lícito ejercicio de una profesión.”

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