Hora cero

Los cambios en el sistema anticorrupción de Veracruz

Luis Alberto Romero

Tras el nombramiento de Carlos Quiroz Sánchez como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz, se espera que la relación entre el Poder Ejecutivo Estatal y dicho órgano mejore de forma considerable.

El funcionamiento del Sistema, y sobre todo de su Comité de Participación Ciudadana, se encuentra en riesgo debido a la asfixia presupuestal.

El SEA fue sumamente castigado a la hora de la definición del presupuesto; de hecho, es el órgano autónomo con más limitaciones presupuestales, lo que obliga a una política de restricción en el gasto. Este año, el Sistema ejerce recursos por 20 millones de pesos, a pesar de que para su funcionamiento se requiere al menos del doble de dicha cifra.

Son tantas las limitaciones, por ejemplo, que el SEA no tuvo más remedio que echar a 28 burócratas y reducir el salario de quienes permanecen en la institución; hasta las fotocopias y el agua para consumo son limitadas.

El mayor problema a que se enfrenta ese organismo veracruzano es la entrada en vigor, en julio próximo, de la política nacional anticorrupción del SNA, que define 60 prioridades que deben cumplir los estados y municipios. Sin recursos, el Sistema Estatal estaría imposibilitado para acatar las nuevas disposiciones porque 20 millones de pesos no alcanzan para ello. De hecho, se corre el riesgo de que la entidad incumpla, por falta de recursos, el mandato establecido en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las 60 prioridades de la política nacional anticorrupción consignan 4 ejes: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, involucrar a la sociedad, y fortalecer las interacciones gobierno-sociedad. Con ello se busca que las dependencias gubernamentales y la sociedad se sumen para lograr el objetivo; sin embargo, por ejemplo, ante la falta de recursos, el SEA ni siquiera tuvo capacidad para realizar todas las acciones y foros programados.

En un mes aproximadamente, el Comité de Participación Ciudadana del SEA veracruzano tendrá en Emilio Cárdenas Escobosa a su nuevo presidente. Sergio Vázquez Jiménez tendrá que dejar dicho espacio, en una renovación contemplada por la ley. Es una oportunidad para que, ante el cambio, el organismo solicite una ampliación presupuestal que permita el correcto funcionamiento del Sistema.

En abril pasado, en esto espacio, comentaba que si el CPC no logra más recursos a través de una ampliación presupuestal, no sería descabellado el cierre del SEA. Sin embargo, el cambio en el organismo y la llegada de Carlos Quiroz Sánchez a la Secretaría Ejecutiva abren la puerta a la posibilidad de una mejor relación entre el gobierno estatal y dicho órgano.

De entrada, habría que observar que Quiroz Sánchez llegó con la evidente bendición papal: el pasado 15 de mayo, en la sesión extraordinaria del órgano de gobierno del SEA se determinó que entre los 9 aspirantes, el ex consejero del INE, presuntamente vinculado a figuras destacadas de Morena, era el mejor calificado por lo que la votación fue unánime; todos los representantes de las dependencias con presencia en el SEA, al igual que los consejeros del CPC aprobaron ese nombramiento.

A partir de ahora, el reto a que se enfrentará el SEA será asegurar que fluyan los recursos necesarios para cumplir la ley federal y resolver el problema de los derechos laborales de los 28 trabajadores despedidos. @luisromero85

1 COMENTARIO

  1. Te comento que el despido de los trabajadores, fue orquestado por el Sr. Sergio Vázquez Jiménez, quien ha colocado dentro del SEAVER a personas que trabajan en su despacho, que no tienen el perfil y que obedecen exclusivamente a sus intereses, mientras que Emilio a colocado a su parentela dentro del Sistema, Tengo las pruebas suficientes. El CPC, no tiene para el 2019 como tampoco lo tuvo para el 2018 un programa de trabajo, de ahí que no se haya gestionado el presupuesto.
    ¿De que han servido tantos convenios firmados por el CPC?, el CPC representa la corrupción de antaño y los intereses de exgobernadores como Yunes Linares y Javier Duarte

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