Diputados locales celebraron su novena sesión ordinaria con iniciativas de toda índole

Redacción Hora Cero

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron la iniciativa, presentada el 9 de mayo pasado por la diputada Magaly Armenta Oliveros, por la cual se reforma el artículo 67 de la Constitución Política del Estado y se establece que los órganos autónomos de la entidad tendrán la obligación de presentar, dentro de los primeros 15 días de cada año, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

Además se establece que los titulares de los órganos autónomos deberán comparecer ante el Poder Legislativo del Estado, en sesión pública, durante la última quincena del mes de enero, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

El Pleno de la LXV Legislatura  aprobó además la iniciativa de decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad en casos de violación y pederastia.

Con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

También se aprobó la iniciativa, presentada el pasado 31 de enero por la diputada María de Jesús Martínez Díaz, con lo que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado con lo que garantizará que los constructores entreguen obras con materiales de buena calidad y con una vida útil razonable.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Comunicaciones durante la novena sesión ordinaria, registró 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Y dio entrada a una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que signan los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado.

La reforma integral de la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, significó una transformación del marco normativo local, al establecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio para la protección de los derechos humanos y los medios de control constitucional, y con mayor sistematicidad, que en su texto anterior, las atribuciones de los órganos depositarios del Poder Público, los organismos autónomos del Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Estado, durante la novena Sesión Ordinaria, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 4 y 33, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

En la Ley, señala la legisladora, se observa que la definición de “igualdad sustantiva” no es acorde con la teoría de los derechos humanos y el principio de “igualdad sustantiva” conforme a la definición del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y porque se limita a establecer el trato idéntico.

El diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), entregó la iniciativa de reforma al artículo 74 de la Constitución Política de Estado para establecer la prohibición de discriminación en la contratación de cualquier persona en razón de la edad, origen étnico, sexo, discapacidades, doctrina política, condición social, religión, estado civil, gravidez o cualquier otra que atente contra los derechos laborales fundamentales en las relaciones de trabajo.

En su intervención, recalcó que su propuesta legislativa busca que ninguna veracruzana o veracruzano, de cualquier edad, género o condición, que pretenda obtener un trabajo, no sea discriminado por las organizaciones, públicas o privadas, antes o después de obtener un empleo.

La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, presentó una Iniciativa de Decreto que adicionaría diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en un capítulo único denominado “Juicio sumario para Divorcio Incausado”.

La iniciativa presentada por la diputada, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, prioriza la necesidad de actualizar la legislación procesal civil, considerando las experiencias existentes en las entidades federativas que consagran el juicio sumario, asegurando así la observancia de las garantías de prontitud, eficacia y expedites contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su compañero de bancada, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez,  hizo lo propio con una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado, con el objeto de fijar en ella que las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno estatal y los Gobiernos Municipales tengan concordancia con lo establecido en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, garantizando la colaboración mutua entre los tres niveles de gobierno, para lograr las metas establecidas en dichos documentos rectores.

El legislador Castellanos Velázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, subrayó que se trata de convertir esta ley en una herramienta eficiente para el progreso de la sociedad veracruzana.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante también de la bancada de Morena, propuso una la iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado que prevé la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios físicos de los planteles educativos.

El también secretario de la Comisión de Educación y Cultura dijo que esta propuesta plantea fijar en el Código Financiero estatal la obligatoriedad de que las licitaciones para las concesiones de tiendas para la venta de alimentos en escuelas se apegarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

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