Necesario, fortalecer empresas forestales comunitarias

Redacción

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, manifestó la necesidad de fortalecer a las empresas forestales comunitarias, por medio de reformas en materia fiscal; el objetivo es retribuirles los diferentes beneficios que generan para las comunidades originarias.

Subrayó que debe haber una diferencia en el régimen hacendario para aquellas compañías que impulsan a los pueblos nativos, y para las que sólo utilizan los recursos naturales y no compensan al medio ambiente.

Durante el foro “Hacia el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias desde el ámbito fiscal”, la diputada aseguró que la conservación de bosques es la solución a la pobreza que viven las comunidades autóctonas.

“Además, con esa acción se orientaría una nueva relación entre el Estado, sociedad civil, grupos originarios y afromexicanos”, comentó.

Irma Juan Carlos precisó que México tiene 450 mamíferos, mil 26 aves, 687 reptiles, 285 anfibios y 25 mil especies de plantas; además, en cuanto a los ecosistemas contamos con bosques de coníferas y encinos, espinosos, y mesófilos.

También bosques tropicales caducifolio, perennifolia y subcaducifolio, lo que convierte a nuestro país en uno de riqueza biológica. “Esta abundancia pertenece a nuestros pueblos indígenas”.

Explicó, a pesar de esta exuberancia, aún no se tiene un escenario propicio, porque las experiencias triunfadoras son aisladas, por lo que “es el momento oportuno para reflexionar sobre cuáles deben ser las sinergias para fomentar y fortalecer al sector”.

“El marco jurídico en sus tres variantes: leyes de inversión, políticas públicas e incentivos fiscales, deben establecer la generación de una conciencia institucional, pero sobretodo escuchar de viva voz las demandas. Es importante que esta legislatura deje los cimientos para un verdadero fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias”.

Durante el encuentro, la legisladora pidió guardar un minuto de silencio en solidaridad con las comunidades de Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, debido a los incendios que afectan al Amazonas.

Añadió que “se puede trabajar en una iniciativa de ley para que paguen más los que contaminan más, y para que reparen los daños que generen en las comunidades originarias”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, Roberto Antonio Rubio Montejo, reconoció la labor de las casi 900 empresas forestales comunitarias que hay en el país.

“Tienen nuestro absoluto respaldo, porque coadyuvan a mantener las zonas naturales, que son pulmones para nuestra nación; sin embargo, falta apoyo para que mejoren su capacidad tecnológica y sean más competitivas”, refirió.

Dijo que hay esfuerzos diarios y se han obtenido resultados a través de la lucha de muchos años, lo que ha propiciado la generación de más empresas de ese tipo. “Además, antes la legislación era ambigua, pero hoy se ha mejorado a través de programas como Sembrando Vida”.

La diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena), secretaria de la Comisión de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, pidió elaborar los proyectos de leyes junto con los comuneros y ejidatarios para lograr un marco jurídico para el bien de todas las comunidades y las empresas del sector primario, principalmente las del sector agrario-forestal.

“Representan una actividad económica de gran relevancia ya que en particular este tipo de empresas comunitarias son generadoras de empleo y propician una actividad económica importante en las zonas forestales del país”, puntualizó.

Explicó que en el 2002, cuando se modifica la Ley de Impuesto Sobre la Renta, derogando el régimen especial para el sector, a pesar del fin social y económico en el que contribuyen las empresas comunitarias, se les ubicó dentro del régimen simplificado en el que sólo queda exento del pago por impuestos por el valor agregado. “Queda incluido en el pago del ISR lo que significa hasta un 30 por ciento del valor de la producción como se ha demostrado en diversos estudios”, indicó.

Añadió que es importante que las empresas apoyen a ejidos y comunidades; el propósito es cuidar las zonas naturales del país y, sobre todo, impulsar a las poblaciones originarias que ahí habitan.

Al iniciar el panel “La importancia de las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) para la política forestal de México y su situación fiscal actual: Oportunidades para la consolidación de un régimen diferenciado”, el diputado Agustín García Rubio (Morena) expresó que estas empresas siguen lógicas y comportamientos distintos a otras, lo que las condena a permanecer dentro del esquema de sobrevivencia.

El secretario de la Comisión de Hacienda consideró que es necesario crear un régimen fiscal diferenciado que las vuelva sustentables, un buen negocio para todos los integrantes, competitivas entre ellas mismas y ante grandes monopolios, además, atractivas ante la inversión privada.

Las EFC, agregó, son un modelo mexicano y se caracterizan por su carácter comunitario; no existe propiedad social a manera de comunidad o ejido en otros países del mundo. Por tanto, no hay casos de comunidades que operen empresas forestales acotadas a un territorio específico.

“Numerosas comunidades o ejidos han mostrado capacidad de integrarse en ámbitos más sofisticados dentro de lo que es la industria forestal, desde operar aserraderos hasta fábricas de muebles. En las empresas privadas hay una clara cadena de mando donde un individuo toma decisiones por el resto de la gente; en contraste, en las EFC la toma de decisiones sobrepasa estos procesos de manera industrial, todos participan”.

Luis Arturo Castañeda, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que han visitado comunidades del rubro a fin de conocer la realidad de cómo están operando las empresas comunitarias.

“Ahí nos hicieron varias peticiones y consultas entorno, pidieron generar un marco fiscal adecuado que sea accesible, equitativo y que genere progresividad, que también ayude a la contribución, pero facilitando a los jugadores económicos”.

Apuntó que la parte tributaria no debe ser un impedimento o una barrera para seguir creciendo y contribuyendo.

El director Ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, Andrés Ávila Akerberg, puntualizó que las Empresas Forestales Comunitarias llevan 15 años de lucha para tener un esquema fiscal adecuado con sus necesidades que reconozca sus contribuciones.

Estas empresas, agregó, no tienen fines de lucro, pero tienen el objetivo de generar empleos y de canalizar recursos para sus comunidades, obtener ingresos para reinvertir en sus bosques y recursos para crear obras públicas, caminos, escuelas, centros de salud, acceso al agua potable e invertir en nuevas empresas comunales.

“Aportan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, a la conservación de la biodiversidad, recarga de mantos acuíferos y producción de oxígeno”. Confió que de este foro surjan propuestas tangibles que apoyen a las empresas forestales comunitarias para que sigan contribuyendo al desarrollo sustentable del país.

El gerente de manejo forestal comunitario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Filemón Manzano, expuso que las EFC enfrentan problemas de baja productividad, poco involucramiento en los procesos de valor agregado, competencia desleal en la producción maderable, contracción del mercado interno y cargas fiscales impositivas e inapropiadas.

Afirmó que hay insuficiente alineación de políticas públicas y programas en el territorio rural, falta de competitividad de actividades silvícolas; además, se requieren caminos, mejorar los procesos de producción, extracción y transformación. “Se debe hacer una política fiscal apropiada y diferenciada considerando el interés público que éstas representan”, subrayó.

Señaló que en las regiones forestales viven 11 millones de personas, 15 mil 584 son ejidos y comunidades forestales, la producción nacional es insuficiente para atender el consumo nacional, hay una demanda de alrededor de 25 millones de metros cúbicos, de la cual, las EFC contribuyen sólo con 9 millones de metros cúbicos, el resto utiliza madera ilegal.

“El 67 por ciento de la producción forestal maderable proviene de ejidos, 13 por ciento de comunidades y 20 por ciento de privados o pequeñas propiedades”.

Al analizar la situación actual de la gestión de las empresas forestales comunitarias sobre los impuestos y estímulos fiscales, el coordinador de Política Forestal de Polea, Salvador Anta, expresó que en general la mayor parte de éstas pagan entre un 20 y 25 por ciento de impuestos por sus ingresos.

Los costos de producción son muy altos, andan entre 25 y 75 por ciento porque tienen que financiar o pagar el programa de manejo, el marqueo, actividades de extracción, transporte, caminos, flete, reforestación, saneamiento, vigilancia, además de previsión y combate de incendios.

Las Empresas Forestales Contables se enfrenan a altos costos de producción, pago importante de impuestos y aportación muy pequeña del gobierno. “Esperemos que el tema de los impuestos no sea una barrera para permitir el desarrollo de estas empresas”.

El jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP, Luis Arturo Castañeda, dijo que la secretaría está abierta para buscar un marco fiscal que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera equitativa.

Al plantear las alternativas fiscales para las EFC, afirmó que al implantar el régimen de actividades primarias se permitirá generar valor, no sólo en el sector primario, sino que las empresas conserven su forma organizativa y accedan a facilidades administrativas que les ayude a tener un cumplimiento más sencillo de las actividades fiscales.

“Estamos dispuestos a trabajar en la parte de administración tributaria a fin de considerar ciertos gastos que benefician a las comunidades que realizar las actividades forestarles, que por cuestiones estrictas de disposiciones fiscales no encuadra para considerarlo como un gasto indispensable y deducible. Creo que por aquí podemos trabajar para mejorar el marco fiscal que es perfectible”, afirmó.

De reforestamos México, Emilio Cruz, dijo que las empresas enfrentan el reto de actualizar la figura jurídica a fin de adecuarse a los beneficios fiscales reconocidos en la Ley Forestal, y conocer todo el proceso que se requiere para tener un negocio.

Al hablar sobre los retos y oportunidades en temas fiscales para la certificación de Empresas Forestales Contables, subrayó que es necesario profesionalizar el área administrativa de las empresas, fortalecer los controles internos, establecer políticas claras, y asegurar buenas prácticas de calidad de productos y servicios.

Para que las empresas obtengan la certificación en manejo forestal, tienen que cumplir con las leyes nacionales, asegurar que cumplen con todos los documentos de uso de predios, respetar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, demostrar que tienen una relación con la comunidad y derechos de trabajadores.

El mercado certificado exige que éstas tengan mayor profesionalización, claros procedimientos y que el personal esté bien capacitado. La vía para obtenerlo es: tener un programa de acompañamiento de la Secretaría de Hacienda en donde se les explica cómo pueden acceder a beneficios fiscales.

De la Unión Forestal Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, Manuel Góngora Turriza, analizó el tema de los cambios en la legislación fiscal y su problemática para las EFC. Dijo que las comunidades demandan cambios fiscales debido a que las modificaciones de las leyes en la materia han quitado beneficios a estas empresas.

“En 2002 hubo reformas en las leyes fiscales que fueron muy severas para las comunidades, porque las limitaron a lo que se llama el régimen simplificado. En el artículo 79 decía que las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, esto se refiere que 90 por ciento de sus ingresos provenga de esa actividad; es decir, eso sólo otorgaba exención del pago del ISR a lo que es la producción primaria”.

Confió en que los diputados, senadores y autoridades hacendarias logren los cambios que requieren las empresas.

Compartir