Yunistas y amigos de Winckler, en la nómina de la FGE

Redacción

Al apelar a la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), legisladores panistas plantearon que no se le destituya mediante el acuerdo de la Diputación Permanente, como ya ocurrió, pero sí se le promueva un nuevo juicio político o se le denuncie ante la Fiscalía General de la República, por los malos resultados obtenidos.

No obstante, Sergio Hernández, Omar Miranda, Rodrigo García Escalante, Ricardo Arturo Serna, Bingen Rementería, y las diputadas, María de Jesús Martínez, María Josefina Gamboa, María Graciela Hernández y Monserrat Ortega, omitieron los nulos resultados en procuración de justicia, así como en el combate a la impunidad

También fueron omisos en señalar los excesos que se cometieron en la Fiscalía General del Estado en beneficio de Wickler y de los yunistas.

Como se recordará, se dio a conocer parte de la nómina de los yunistas y cercanos al exfiscal, quien ganaba 180 mil pesos mensuales.

Este salario era superior al del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y más del doble del gobernador Cuitláhuac García.

En la lista de privilegiados estaban Gabriela Mercedes Reva Hayón, quien percibió 105 mil 922.14 pesos como Oficial Mayor.

La asistente particular de Winckler, Darinka Eloisa Gómez, ganaba 50 mil 132.39 pesos.

El amigo y operador de Winckler, Andrés de la Parra Trujillo, como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Ambientales, percibía mensualmente 35 mil 558 pesos.

Otra operadora yunista, Belém Peredo Moreno, percibía 21 mil 498.82 pesos.

El esposo de la diputada local panista Judith Pineda, Jair Ramírez Herrera se le colocó en la Contraloría General de la Fiscalía, como analista administrativo, con un salario de 20 mil 159.14 pesos.

Dulce Guadalupe León Utrera, secretaria privada del Fiscal Anticorrupción, e hija de operadores yunistas, cobraba 35 mil 129.21 pesos.

Ante estos excesos, los diputados panistas guardaron silencio, únicamente les interesa que regrese para que haya impunidad y protección a su grupo político.

Los panistas, no obstante, se muestran como un grupo dividido por el conflicto de la dirigencia estatal.

Finalmente, anunciaron una acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la decisión de la Junta de Coordinación Política, promovida junto con los legisladores Gonzalo Guízar Valladares, Erik Iván Aguilar López, Ivonne Trujillo Ortiz, y Juan Carlos Molina.

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