Hora cero

El daño patrimonial del gobierno de Yunes

Luis Alberto Romero

Este miércoles, último de día del periodo de Lorenzo Antonio Portilla al frente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el auditor entregó a la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz el reporte de los resultados de la revisión a la cuenta pública 2018.

Ese trabajo corresponde al segundo y último año de la administración de Miguel Ángel Yunes.

Destaca un presunto daño patrimonial por más de 4 mil 500 millones de pesos en 11 dependencias del gobierno estatal.

En el ojo del huracán se encuentras los ex responsables del manejo en secretarías como la de Gobierno, Seguridad Pública, Finanzas, Educación, Comunicación Social, Contraloría, Desarrollo Agropecuario y Turismo.

También aparecen con observaciones la Comisión del Agua, Espacios Educativos, Fiverfap, UPAV, IVEC, un montón de organismos públicos descentralizados y más de la mitad de los ayuntamientos veracruzanos.

Los ex titulares y ex encargados de las áreas administrativas de esas dependencias tendrán que responden a los señalamientos por presuntos daños patrimoniales.

Luego de la etapa de solventación de las irregularidades detectadas, comenzará el desfile de ex funcionarios por el órgano auditor y por los pasillos del Congreso del Estado.

No se descarta, de igual manera, que algunos exfuncionarios, al sentirse acorralados jurídicamente, opten por asumirse como perseguidos políticos y emprender la huida, como lo hicieron los ex titulares de la Fiscalía General, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Especializada en Personas Desaparecidas.

Los medios estatales han dado cuenta con oportunidad de los presuntos daños patrimoniales y se mencionan de antemano los nombres de Jaime Téllez Marié, Guillermo Moreno Chazzarini, Enrique Pérez Rodríguez, Elías Assad Danini, Leopoldo Domínguez Armengual, Rogelio Franco Castán y Ramón Alfonso Figuerola, quienes ocuparon espacios en el gabinete de Yunes Linares durante 2018.

Además de eso, en la Fiscalía General del Estado se detectaron irregularidades por 10 millones de pesos, lo que pondría en una situación sumamente complicada al ex fiscal Jorge Winckler, sobre quien pesan órdenes de aprehensión por el presunto delito de privación ilegal de la libertad. El problema para el abogado es que tendrá que defenderse en tres pistas y en situación de desventaja. Probablemente la posición más delicada entre los funcionarios del pasado gobierno sea precisamente la del ex fiscal.

A esos nombres habría que sumar los que corresponden a los organismos públicos descentralizados, así como a los responsables de más de la mitad de los ayuntamientos veracruzanos, alcaldes, síndicos, tesoreros y directores de obras públicas.

Al margen de las observaciones por 4 mil 500 millones de pesos a las dependencias del Poder Ejecutivo de Veracruz, hay un daño patrimonial por 329 millones de pesos en 125 Ayuntamientos.

En síntesis, de acuerdo con el reporte del ORFIS, hubo en Veracruz durante 2018 un verdadero cochinero en el manejo del dinero público.

Así, con todos esos señalamientos por daño patrimonial, terminó el gobierno estatal de Yunes Linares, quien en 2016 llegó al Poder Ejecutivo de Veracruz lanzando acusaciones contra su antecesor y enarbolando la bandera del combate a la corrupción.

La política, como la vida misma, es una rueda de la fortuna y hoy el perseguidor de los corruptos del duartismo, está a punto de convertirse en perseguido. @luisromero85

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