Al pie de la letra

VERÓNICA Y AILLET, FIRMES

 

Raymundo Jiménez

Todo parece indicar, hasta hoy, que digan lo que digan y hagan lo que hagan sus críticos y detractores, la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, será ratificada para un periodo de nueve años más por la LXV Legislatura local como titular de este órgano constitucionalmente autónomo encargado de procurar justicia.

Y es que si la ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno no tuviera garantizada de antemano su ratificación simplemente no se habría arriesgado a entregar sus documentos y solicitar su registro ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para participar en este proceso legislativo.

José Alfredo Corona Lizárraga, por ejemplo, encargado a su vez de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, declinó inscribirse para ser ratificado en este mismo cargo en cuanto supo que la ex directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Aillet García Cayetano –hermana de la diputada federal de Morena, Dorheny García, muy allegada al gobernador Cuitláhuac García–, es perfilada como Fiscal Anticorrupción pese a que le representaría un serio conflicto de interés por ser esposa de Elio Hernández Gutiérrez, actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), dependencia que es señalada de cobrar “moches” hasta del 30 por ciento a constructores por la asignación de cada contrato.

De los candidatos a la titularidad de la FGE para el periodo 2020-2029 ha generado expectación el caso de Yuriria Torres Páez, ex directora general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y exjefa de Peritos de la Fiscalía General de la República. En 2016, como Directora General Adjunta  de la Unidad de Análisis de Información de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, participó en la instalación de la Red de Información Criminal en Veracruz.

Sin embargo, contrario a lo que se presume, no contaría con el aval del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues de acuerdo con una ficha que presuntamente filtró a periodistas un operador de prensa de Hernández Giadáns acerca de los perfiles y referencias mediáticas de los otros 20 aspirantes a la FGE, Yuriria Torres salió de la FGR entre señalamientos de “prepotencia y malos tratos en contra de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República”, acusada “de nepotismo, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad  y de desvío de recursos en la Agencia de Investigación Criminal de la FGR”, y bajo sospecha “de formar parte de una estructura de corrupción al interior de la FGR”, señalamientos que también le imputaron como Jefa de Peritos de esta misma institución.

Es más, se cree que difícilmente Torres Páez integraría la terna, en la que en cambio sí entraría, pero de comparsa, Ramiro Ramírez Reyes, ex agente del Ministerio Público Investigador en Coatzacoalcos y actual regidor del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, quien en la sucesión municipal de 2017 contendió en la planilla del ahora diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, el órgano legislativo que propondrá a los tres finalistas ante el pleno del Congreso local.

 

 

CASO CONADE, HASTA LA FGR

Por cierto, debido a que la carpeta de investigación FEADPD/ZC-V/083/2020 abierta inicialmente ante la Fiscalía General del Estado parece estar congelada, este miércoles 20 de mayo Luis Rey Gutiérrez Prieto, en representación de la persona moral “Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A de C.V.”, presentó otra denuncia penal pero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra también de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; de Sergio Monroy Collado, subdirector de la Conade; de Omar Hernández, quien labora en la misma institución que encabeza la ex senadora sonorense, y de la ex síndica y ex alcaldesa interina de Xalapa, Armida Adriana Ramírez Corral, a la que según la relatoría de hechos le atribuyen que “dice ser pareja sentimental y comadre de la ex velocista…”

Como ya se ha difundido, este caso de presunta extorsión es por un contrato de casi 17 millones de pesos que en agosto del año pasado la Conade le asignó a dicha empresa para la alimentación de atletas y entrenadores, y por el cual le habrían exigido “moches” por más de 3 millones de pesos en total, dinero que un oficial de la Fuerza Civil muy allegado a Armida, identificado como Edgar “N” y cuyo supuesto distintivo era el de “Comandante Corona” pero que en realidad era “Dragón”, habría ido a recoger el 25 de marzo pasado por instrucciones de la ex munícipe xalapeña a las oficinas de la contratista, pero el cual, 24 horas después de recibir la billetiza, misteriosamente desapareció sin que hasta el momento se conozca su paradero.

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