Al pie de la letra

UV: LA CRISIS QUE VIENE

 

Raymundo Jiménez

Todavía faltan alrededor de diez meses para que inicie formalmente el proceso de sucesión de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), pero entre la comunidad universitaria ya comienzan a barajarse algunos nombres de posibles candidatos para relevar a la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien a finales de agosto de 2021 concluirá su segundo periodo consecutivo.

Entre los funcionarios y académicos que se mencionan, figuran la Secretaria Académica, doctora María Magdalena Hernández Alarcón; el director general de Administración Escolar, doctor Héctor Francisco Coronel Brizio; el director del Centro de Investigaciones Cerebrales, doctor Jorge Manzo Denes, y el maestro Salvador F. Tapia Spinoso, secretario de Administración y Finanzas, cuyo caso llama la atención ya que por primera vez se pondera a un académico con perfil de operador financiero entre los prospectos viables para la Rectoría de la UV.

Su inclusión parece motivarla la crisis financiera que desde ahora proyecta la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 21 universidades públicas, entre ellas la UV, para 2024.

El martes pasado, en una reunión de más de dos horas en las instalaciones de la SEP, en la Ciudad de México –en la que no hubo ningún acuerdo concreto–, entre el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, y representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que preside Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Fesapauv, se expuso que actualmente 11 universidades públicas estatales enfrentan una grave crisis financiera, cuyo número podría duplicarse en los próximos tres años ante la insuficiencia presupuestaria prevista para 2021.

Las 11 universidades en crisis que se mencionaron ahí son las de Veracruz, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Baja California y Nayarit, que sólo tiene recursos para pagar su nómina de la segunda quincena de octubre.

Durante la reunión en la SEP, tanto el subsecretario Concheiro Bórquez como la directora general de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, insistieron en que corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos faltantes a las universidades estatales, según revelaron algunos de los líderes presentes en el encuentro, quienes también señalaron responsabilidad federal.

Ante esta situación, la Contu, que agrupa a 94 sindicatos universitarios y 280 mil trabajadores académicos y docentes de todo el país, analiza convocar a un paro nacional debido a la negativa del gobierno federal de otorgar recursos extraordinarios a las universidades públicas en crisis financiera, lo que les impedirá a las casas de estudios superiores cubrir la nómina de su personal en los próximos dos meses.

El próximo jueves 15 tienen programada una asamblea general de manera virtual para fijar una estrategia y las acciones más convenientes para resolver este problema, el cual advierten que tomará tintes de conflicto laboral ante el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones de las próximas cinco quincenas.

También pretenden reunirse con diputados federales, ya que destacan que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no contempla ningún recurso extraordinario para 11 instituciones que enfrentan crisis financiera y sólo asigna en conjunto un aumento de 3.07 por ciento para las 35 universidades públicas estatales, cuando la inflación estimada es de al menos 3.4%.

 

PJE: EX RECTOR ‘EMBARRADO’

Por cierto, nos aseguran que está por salir a relucir el nombre de un ex rector de la Universidad Veracruzana debido a que un familiar muy, pero muy cercano, estuvo involucrado en la sospechosa venta de un edificio que el Poder Judicial del Estado adquirió el año antepasado a un sobreprecio de más de 25 millones de pesos.

Y es que el columnista Filiberto Vargas acaba de anticipar que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado está por estallar tremendo escandalazo por los cientos de millones de pesos que han sido sustraídos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, los cuales habrían sido mal utilizados.

Entre los casos que menciona el colega está precisamente el de la sospechosa compra del edificio ubicado en la calle Obrero Mundial número 114, de la colonia Obrero Campesina, en Xalapa, donde actualmente se ubica el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

Según los datos obtenidos por el columnista, mediante avalúo de fecha 11 de junio de 2018 realizado por el Corredor Público número 20 de la Ciudad de México, Francisco Castellanos Guzmán, se determinó que el valor de dicho edificio era de 18 millones 314 mil 357 pesos.

Sin embargo, Vargas Rodríguez revela que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, integrado entonces por Pedro Luis Reyes Marín, Mauricio Duck y Blanca Elena Gómez Bello, autorizó el traspaso de 60 millones de pesos a la cuenta bancaria CLABE 01284001477543376 de BBVA Bancomer del Poder Judicial del Estado, para la adquisición de dicho inmueble.

De acuerdo con la versión del periodista, el sobreprecio pagado por el edificio se justificó con el oficio emitido por el entonces Director de Administración, Humberto Rodríguez Losilla (srm/205/2018 de fecha 13 de junio de 2018) en el que se informaba que el costo era de 44 millones de pesos más IVA, lo que habría representado un daño patrimonial por 25 millones 685 mil 642 pesos.

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