Realizan foro sobre prohibición del castigo corporal contra menores

Redacción

La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Rosalba Valencia Cruz (Morena), realizó un foro virtual con el fin de analizar, desde el punto de vista académico, la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario.

Al inaugurar el foro “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Patria Potestad y Prohibición del Castigo Corporal y Humillación”, la diputada Valencia Cruz destacó la importancia de contar con elementos suficientes para analizar y discutir la minuta aprobada en el Senado de la República sobre el tema.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN), secretaria de la Comisión, dijo que se debe impulsar un marco de disciplina positiva, ya que la responsabilidad de conducir y cuidar a los menores no significa ser complacientes y dejar que hagan su voluntad, lo que dañaría o alteraría su vida.

“Se revisará el concepto de aquello que ocasiona dolor, molestia o insatisfacción porque podría prestarse a un tema subjetivo, porque en la cuarentena si le limitas el acceso a plataformas digitales o videojuegos le causará molestia, pero eso no debe ser un maltrato”, enfatizó.

*Participación de académicos*

El director del Instituto de Análisis de Política Familiar, Juan Antonio López Baljarg, propuso analizar el concepto de castigo corporal y humillante evitando cualquier tipo de casuística y un catálogo de acciones. Es necesario buscar los marcos de referencia que permitan a los juzgadores tener elementos objetivos para realizar su labor en los estados como en los municipios.

Planteó que sea catalogado o considerado como castigo corporal y humillante todo trato que vaya en contra de la salud mental y psicológica. Se tiene que reconocer que deben existir medidas correctivas en la educación, guía y orientación, sin que esto tenga que ir en detrimento de la salud mental, aseveró.

Asimismo, propuso incluir la educación parental y la disciplina positiva, a fin de que “el Legislativo considere elementos fundamentales para que desde la administración pública federal, estatal y municipal, puedan ser mandatados a realizar políticas de prevención a través de esta educación”.

Con el tema “Prevención del castigo físico: disciplina positiva y educación parental como respuesta a problemas emergentes”, Renata Kaczmarska, coordinadora del programa de familia de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que globalmente el 80 por ciento de niños ha tenido una experiencia de castigo corporal. “El daño se relaciona con una menor autoestima, bajo rendimiento escolar, ansiedad y depresión”.

Cuando estos menores crecen reportan mayores niveles de agresión y comportamiento antisocial. Advirtió que aún hay prácticas tradicionales de crianza que justifican la agresión, por lo que es indispensable cambiar estas perspectivas. “Los castigos violentos pueden causar venganza y depresión, además de que no son efectivos y lastiman la calidad de las relaciones familiares”.

El académico y especialista en educación familiar y psicopedagogía, Jesús Amaya Guerra, habló sobre la importancia del derecho a la educación para la formación de la autonomía desde el punto de vista de la psicopedagogía, a fin de asegurar el desarrollo y protección de los derechos de la niñez.

Puntualizó que es necesario encontrar un proceso de orientación, ya que al no corregir y ayudar a tomar decisiones a las niñas, niños y adolescentes puede ir en detrimento de su seguridad y sano desarrollo. Reconoció que si bien el castigo físico y humillante debe ser prohibido no debe confundirse con negligencia.

Durante su ponencia “Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y patria potestad: un enfoque jurídico”, Aracely Ornelas Duarte, consultora en fondos internacionales en temas de mujer e infancia, afirmó que no existe una contraposición entre derechos parentales y los de la niñez; lo que se requiere es comprenderlos como una sola unidad.

Puntualizó que los padres, desde el punto de vista jurídico, conforman la relación más importante, a pesar del cambio de paradigma donde los menores pasaron a ser sujeto de derechos y no sólo de protección. “Un niño no es propiedad de los padres; es sujeto de derechos”, subrayó.

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