Hora cero

ORFIS, fiscalización sin prisa

Luis Alberto Romero

La titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Delia González Cobos, compareció este jueves ante el Congreso del Estado y con ello terminó el desfile realizado por los organismos autónomos ante el Poder Legislativo de la Entidad.

Antes del ORFIS, pasaron por ese mismo recinto los titulares de la CEDH, del IVAI, de la CEAPP y de la Fiscalía.

En el caso del ORFIS, se trató de una de las comparecencias más esperadas en el Congreso de Veracruz básicamente por dos motivos: primero, por el interés que despierta el tema de la fiscalización y de las denuncias que por presuntos daños patrimoniales se han acumulado desde hace años; segundo, por ser este el único de organismo autónomo de Veracruz que no ha cumplido con una de sus tareas fundamentales, la auditoría a la cuenta pública 2019.

Legalmente, el ORFIS tenía hasta octubre de 2020 para presentar su informe; su titular pidió más tiempo y le dieron hasta el 31 de enero. Cuando se le venció el plazo, cuando el tiempo se le vino encima, doña Delia solicitó una nueva prórroga, misma que le fue concedida; se estableció como nuevo plazo septiembre de 2021, 11 meses después de lo que establece la ley.

Parece que a pesar de que el trabajo de la auditoría y la fiscalización del uso de los recursos públicos es la razón de ser de ese organismo autónomo, a los responsables del mismo no les corre ninguna prisa.

El caso es que poniendo como pretexto los problemas ocasionados por la pandemia, el ORFIS determinó llevársela con calma, sin apresurarse demasiado para entregar el trabajo que le fue encomendado; en contraparte, todos los demás organismos autónomos han cumplido su misión: la Fiscalía trabaja de manera normal, lo mismo que la CEDH, la CEAPP y el IVAI; todos, menos el ORFIS.

Por otro lado, en el tema de las denuncias, la titular del Órgano de Fiscalización dio a conocer que en Veracruz se han acumulado casi 200 denuncias penales derivadas de las observaciones a los entes públicos por irregularidades en el manejo de los recursos.

De estas denuncias, 35 corresponden al gobierno de Miguel Ángel Yunes: 31 son por observaciones a la cuenta pública de 2017 (por más de 783 millones de pesos) y 4 más son por irregularidades de 2018 (77 millones), en total, algo así como 860 millones de pesos,

El problema, sin embargo, es que en cada comparecencia, los titulares del Órgano de Fiscalización hablan de lo mismo: se detectan irregularidades y se presentan denuncias por montos millonarios, pero éstas generalmente no proceden; no hay un solo funcionario yunista que haya sido molestado; ni siquiera el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, a quien las acusaciones por supuestas irregularidades en el tema de la adquisición de un sistema de videovigilancia que nunca ha funcionado le hicieron lo que el viento a Juárez.

Con todos los auditores ha ocurrido algo parecido: detectan anomalías en las revisiones a los llamados entes fiscalizables, dependencias públicas y órganos autónomos; las señalan; sigue el proceso de solventación; algunas irregularidades se convierten en denuncias, pero de ahí no pasa.

En el caso de los señalamientos contra el Gobierno de Yunes, ya se verá si el ORFIS y la Fiscalía proceden; pero dicho escenario se antoja difícil; ese gobierno terminó hace más de dos años y si el órgano auditor trabaja con la misma celeridad con la que revisa la cuenta pública de 2018, entonces el proceso contra el anterior gobierno terminará por resolverse por allá de 2025. @luisromero85

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