Hora cero

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Franco y el caso de los ultrajes

Luis Alberto Romero

Los perredistas protestaron, marcharon en Tuxpan, se manifestaron de diferentes formas y por diferentes medios y convocaron a ruedas de prensa; especialistas en el área del derecho argumentaron que la ley que castiga los ultrajes a la autoridad en Veracruz es equivalente a la legalización de la represión desde el gobierno y que dicho ordenamiento, recientemente aprobado en la Legislatura del Estado, caerá como ha caído en otras entidades estados.

Sin embargo, nada de eso sirvió para la causa de Rogelio Franco, quien seguirá preso durante los próximos 8 meses, ya no en Tuxpan, donde fue recluido luego de ser detenido, sino en el penal La Toma, de Amatlán.

Al ex secretario de Gobierno le espera un desgastante proceso legal; con seguridad recurrirá al amparo e interpondrá una queja ante las instancias defensoras de los derechos humanos. Su diputación está en juego.

Recordemos que el 13 de marzo pasado, a Franco Castán le fue notificada por agentes de la Policía Ministerial una orden de aprehensión.

Los policías dicen que el ex dirigente estatal del PRD se puso violento, rompió el documento que le fue mostrado e hizo jirones la camisa del agente.

La defensa del colaborador del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo del ex diputado y ex dirigente estatal perredista Jesús Velázquez Flores, señala que la prisión preventiva es un exceso, dado que no se trata de un delincuente peligroso, sino de una persona que cometió el error de romper una playera de 350 pesos; por ello pedía un arraigo domiciliario que la juez que lleva el caso no concendió.

Franco ofrecía entregar su pasaporte y visa, como prueba de que no pensaba emprender la huida; aun así, la representante del Poder Judicial en el juzgado estimó que el líder del PRD debería seguir tras las rejas.

Para los abogados de Rogelio Franco y en general para el PRD, la reclusión del también ex diputado local es un acto de represión, de persecución política y de linchamiento contra la oposición; le consideran un preso político, como lo expuso el ex gobernador Yunes en un mensaje difundido de forma reciente a través de redes sociales.

La defensa de Franco estima que el gobierno estatal quiere al perredista fuera de la contienda electoral –recordemos que se trata de quien encabeza la lista de candidatos del PRD a las diputaciones federales por la Tercera Circunscripción–.

Esa ley, por cierto, fue aprobada el 11 de marzo; y se estrenó, precisamente, con el caso del perredista.

Al final, Rogelio Franco fue trasladado al penal de Amatlán, donde podría permanecer durante los próximos meses. El caso tuvo su origen en una acusación por presunta violencia familiar, que escaló luego de la resistencia a la captura y el jaloneo al policía ministerial.

El asunto del líder del PRD veracruzano dará mucho de qué hablar no sólo por las implicaciones legales y políticas, sino por el exceso que representa el considerar a los ultrajes a la autoridad como delito grave, de acuerdo con activistas pro derechos humanos.

No sería raro que dicho ordenamiento cayera, como lo adelantó la diputada Érika Ayala Ríos, quien declaró a medios locales que existen vacíos en el delito de ultrajes, dado que el asunto podría generar abusos de autoridad.

Otra arista: hoy, Rogelio Franco está preso no tanto por el delito que cometió, sino porque el grupo al que pertenece no fue capaz de mantener el gobierno estatal en 2018; lo mismo le ocurrió a más de media docena de ex funcionarios duartistas que terminaron en Pacho Viejo; y lo mismo podría ocurrirle a los actuales inquilinos de Palacio de Gobierno y de la Fiscalía, si es que no conservan el poder. @luisromero85


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