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El caso de los 30 marinos

Luis Alberto Romero

Recién salido del hospital, luego de casi mes y medio de dar positivo por segunda vez a COVID-19, el xalapeño José Rafael Ojeda Durán, Almirante y Secretario de Marina, tuvo que hacer el informe que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los 30 marinos detenidos que participaron presuntamente en actos delictivos en el sexenio de Enrique Peña.

Así lo confirmó este martes el jefe de las instituciones del país en conferencia de prensa, asegurando además que “ya está muy bien el almirante Ojeda. Le mandamos un saludo. Ya le dieron de alta, ya está en su domicilio recuperándose y ya se va a reincorporar. Siempre ha estado pendiente de todo lo relacionado con la Secretaría de Marina, tan es así que apenas le están permitiendo salir del hospital”.

López Obrador añadió sobre el caso: “ya se detuvieron a estos oficiales de la Marina, cumpliendo con órdenes de aprehensión que promovió la Fiscalía General de la República. Es un asunto que tiene que ver con violación de derechos humanos en el sexenio pasado”.

Como lo informó la propia Secretaría de Marina, las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas desde hace cuatro días. Los soldados del mar son acusados por el delito de desaparición forzada de personas, por hechos ocurridos en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Armada también confirmó las detenciones y precisó que éstas se ejecutaron el pasado viernes 9 de abril.

Los marinos que son señalados como responsables de “efectuar actos contrarios a la realización de sus deberes” fueron trasladados a una prisión federal de Reynosa, donde el sábado comparecieron en audiencia inicial y solicitaron la duplicidad del término constitucional.

El juez le fijó la medida cautelar de prisión preventiva y señaló que será el miércoles y jueves siguientes cuando se determine si se les vincula a proceso.

Se trata del mayor número de elementos de la Secretaría de Marina detenidos para ser investigados por su probable participación en violaciones a los derechos humanos.

No es esta la primera ocasión en que la justicia llega a la casa de los soldados del mar. Apenas hace un año, en abril de 2020, en una sentencia que fue calificada como “histórica” contra marinos por desaparición forzada, la Secretaría de Marina fue obligada a pedir disculpas públicas a la familia de un joven al que cinco marinos desaparecieron en 2013 y cuyo cuerpo se encontró muy cerca del cuartel.

Un juzgado federal con sede en Monterrey, fundado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Ley General de Víctimas emitió una sentencia de 22 años de prisión y 10 de inhabilitación en cargos públicos a los acusados.

Sobre los 30 marinos detenidos, también en un hecho insólito, la SEMAR afirmó que “esta acción se llevó a cabo en estricto apego al protocolo de actuación, instrumentándose las acciones por parte de la Fiscalía General de la República a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes”.

Para el Gobierno de la República y la FGR solo falta responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las irregularidades que se cometieron en el caso de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio, luego de 14 años en que fue asesinada arteramente por militares.

Las organizaciones que llevaron el caso a la Corte señalaron que aunque el Gobierno tenía hasta el pasado 17 de enero para contestar las dudas generadas por el dictamen pericial que fue modificado al pasar de violación sexual a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo, este no contestó.

¿Será que a diferencia de los marinos, los militares son privilegiados de este gobierno? Es pregunta. @luisromero85


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