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En el Poder Judicial de Veracruz, el déficit de 500 millones; el presunto saqueo en el marco de la construcción de las ciudades judiciales; los elevados salarios de los magistrados; y el exceso en el gasto han ocasionado una profunda crisis financiera y de credibilidad.

A este paso, el órgano de impartición de justicia está cerca de convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Veracruz; y muy lejos de ser motivo de orgullo para los veracruzanos.


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