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El desaseo en los ayuntamientos veracruzanos

Luis Alberto Romero

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, dio a conocer los resultados de la fiscalización a la cuenta pública de 2020.

Al margen de las revisiones a las dependencias estatales y organismos autónomos, llama la atención lo que ocurre en los ayuntamientos veracruzanos, en términos de desaseo administrativo.

Para tener una idea de la magnitud de las irregularidades, basta decir que el órgano auditor emitió mil 822 observaciones a los ayuntamientos, por un monto que supera los mil 600 millones de pesos, sólo con relación a la auditoría al ejercicio 2020.

Los gobiernos municipales recibieron más de 3 mil 500 recomendaciones, y 2 mil 814 observaciones administrativas.

En cuanto a la revisión financiera-administrativa, el ORFIS detectó anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados; saldos de deudores cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación; y adquisiciones de bienes o servicios sin observancia de la norma.

Y eso no es nada; con relación a la obra pública, a los ayuntamientos les observaron obras sin operar; trabajos ejecutados de forma irregular; obras inconclusas o con deficiencias técnicas constructivas.

Es un mar de irregularidades en la ejecución de las obras públicas municipales en Veracruz.

Por si fuera poco, en la cuenta pública de 2020 detectaron deuda pública no registrada contablemente en los ayuntamientos; falta de registros contables y presupuestales; y hasta pagos duplicados.

Al Ayuntamiento de Xalapa, por ejemplo, le detectaron irregularidades que implicaron seis observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial por más de 5 millones 500 mil pesos.

El gobierno municipal de Veracruz, que encabeza Fernando Yunes, no corrió con la misma suerte: el presunto daño patrimonial que le fue observado asciende a 88 millones 961 mil pesos.

Algo parecido ocurre con el tuxpeño Antonio Aguilar Mancha: las observaciones del ORFIS  a la auditoría a 2020 ascienden a 10 millones 500 mil pesos. Al Ayuntamiento de Papantla le encontraron en las revisiones un presunto  daño patrimonial por 23 millones 276 mil pesos; y al de Poza Rica, más de 11 millones 400 mil pesos.

Igor Rojí, de Orizaba, también enfrentará problemas para solventar las presuntas irregularidades derivadas de la auditoría: más de 10 millones; en tanto que Leticia López Landero, del PAN, deberá responder por observaciones que superan los 30 millones 600 mil pesos. Otro panista, José de la Torre Sánchez, de Martínez, tuvo observaciones que superan los 12 millones 500 mil pesos

Al Ayuntamiento de Minatitlán, de Morena, le detectaron un presunto daño patrimonial por 56 millones 377 mil; y al de Coatzacoalcos, que encabeza Víctor Carranza, más de 17 millones 800 mil.

En general, casi todos los alcaldes veracruzanos, de todos los partidos, tuvieron observaciones en la auditoría a 2020; y con seguridad, a muchos de ellos veremos desfilar en las instalaciones del ORFIS, del Congreso y de la Fiscalía General del Estado, en busca de solventar o, en los casos más graves, responder a las denuncias por daño patrimonial.

Todavía falta, por cierto, el calvario que será para muchos alcaldes salientes, la auditoría al ejercicio de 2021, el año de Hidalgo, como se le conoce al último año de los gobiernos municipales, estatales o federales, cuando los funcionarios que se van, se llevan hasta las grapas, los clips y los artículos de limpieza, para no dejar nada a quienes llegarán en enero próximo. @luisromero85


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