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PJE, la quiebra y el rescate

Luis Alberto Romero

En la sesión de este martes, el Congreso de Veracruz aprobó el dictamen que autoriza una ampliación de 200 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial del Estado.

La mayoría en la Legislatura local avaló dicha ampliación, “resultado del análisis presentado el pasado 19 de agosto por el Poder Judicial, en donde alude un déficit para el último trimestre del año, así como para hacer frente a compromisos adquiridos por la celebración de contratos de Asociación Público-Privada”, indica el comunicado del congreso veracruzano.

El tribunal había solicitado 519 millones 991 mil 348 pesos; sin embargo, la comisión dictaminadora sólo consideró una ampliación equivalente a menos del 39 por ciento de los recursos que planteó como necesarios el Poder Judicial.

Al iniciar julio del presente año, el gobernador Cuitláhuac García alertó sobre los “serios” problemas financieros de dicha instancia y se refirió a una mala planeación de gastos, y a la reducción en los recursos federales.

Con ese argumento, el ejecutivo estatal dijo que era necesaria una reducción en la compensación de los magistrados.

Ya se veía desde el inicio de presente año que el Poder Judicial terminaría por naufragar, ante el creciente déficit presupuestal.

En julio, el Consejo de la Judicatura aprobó un plan denominado “de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, que incluía la reducción del 30 por ciento al salario de magistrados, consejeros y altos funcionarios; el bono trimestral quedó en la mitad y se determinó eliminar los bonos especiales.

Fueron cancelados los vales de gasolina, los fondos revolventes y todos los vales y bonos extraordinarios.

De igual manera, el Poder Judicial anunció la desaparición de 29 juzgados de lo familiar, ante la crisis en sus finanzas.

Sin embargo, ni con esas medidas el órgano veracruzano de impartición de justicia pudo resolver sus problemas financieros; las deudas le asfixiaron tanto como la irresponsabilidad en el manejo de los recursos.

El tema fue retomado por la organización no gubernamental México evalúa el 19 de agosto; el trabajo se denomina “Recuento de una catástrofe: la bancarrota del Poder Judicial de Veracruz” y describe a detalle el nivel de la crisis en el tribunal veracruzano, que arrastra un déficit presupuestal superior a los 500 millones de pesos, y que carece de capacidad para cubrir el gasto operativo y el sueldo de sus empleados.

El texto de Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Sandra Escamilla no tiene desperdicio; se encuentra en la liga https://www.mexicoevalua.org/recuento-de-una-catastrofe-la-bancarrota-del-poder-judicial-de-veracruz/, y se refiere al nivel del problema financiero en el Poder Judicial.

En ese contexto, los recursos aprobados por el Congreso de Veracruz este martes parecen útiles, pero insuficientes para el rescate del tribunal.

Por otro lado, habría que agregar que el Poder Judicial, durante los últimos tres años, ha dado más motivo de vergüenza que de orgullo para Veracruz, debido a las constantes acusaciones por la actuación de jueces y magistrados.

Este martes, en la sesión del Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe fue claro al referirse a la corrupción del PJE, que ha costado 460 millones de pesos a los veracruzanos; dijo que se deben investigar y denunciar los abusos. Lo cierto es que los 200 millones de pesos que fueron aprobados para el órgano encabezado por la magistrada Inés Romero podrían ser insuficientes.

En los últimos tres años, el Tribunal Superior de Justicia ha ido de préstamo en préstamo para sacar su gasto corriente, y evidentemente, la actual presidenta y quien la antecedió en el cargo, Sofía Martínez, no pudieron con el paquete. @luisromero85


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