El Estado debe asumir la responsabilidad de los huérfanos víctimas del feminicidio

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Redacción

La diputada Rocío Corona Nakamura PVEM planteó reformas para que el Sistema Nacional del DIF o los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las Procuradurías de Protección, adopten medidas que garanticen educación, salud y alimentación a menores huérfanos por feminicidio.

La propuesta de la legisladora modifica los artículos 26, 47, 48 y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En un comunicado, detalló que los niños, niñas y adolescentes que por el feminicidio de su madre quedaron huérfanos, deben tener la seguridad del disfrute pleno y la satisfacción de sus derechos alimenticios, educativos, de salud física y emocional, hasta que cumplan la mayoría de edad.

“El tema no es menor y puede convertirse en una bola de nieve, porque se trata de las hijas e hijos, muchas veces menores de edad, que quedan en la orfandad, bajo un esquema sistemático de revictimización por la pérdida y el asesinato violento de sus madres, y además padecen la indiferencia de las autoridades de este país”, advirtió Corona Nakamura.

La iniciativa señala que los legisladores tienen una corresponsabilidad pendiente con los tres niveles de gobierno para coadyuvar en brindar seguridad a la población en general, pero también, promover la denuncia y proteger a las víctimas directas o indirectas de los delitos.

La cifra de feminicidios ha ido en aumento en el país, como lo vimos en el año 2021, donde según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registró la muerte de mil seis mujeres; además de otros 2 mil 747 asesinatos, fueron catalogados como “homicidios dolosos”, en buena medida debido a la negligencia y a la carencia de perspectiva de género en la investigación y proceso judicial, agregó.

La legisladora añadió que sólo entre el 20 y 25 por ciento de los asesinatos son clasificados por violencia de género, situación a la cual se suma el desinterés social e institucional que hace invisibles a las víctimas, “una niñez que está en el abandono total y de la no tenemos un censo oficial confiable”.


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