CFE ocasionaría más daños ambientales con generación de energía, acusan organizaciones

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Juan David Castilla

Organizaciones ambientalistas consideraron que el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen), presentado el pasado 31 de mayo, carece de enfoque y acciones hacia una transición energética justa en México.

Las asociaciones civiles, como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), por mencionar algunas, indicaron que la política eléctrica reflejada en el Prodesen no contempla el desarrollo de una estrategia de transición energética justa que genere bienestar, reduzca los impactos sociales y ambientales negativos del sector, y garantice los derechos humanos.

Además, mencionaron que se retrasa 13 años el cumplimiento de las metas de generación con energía limpia y mantiene el uso de combustibles con alto impacto social, ambiental y climático, así como el gas, combustóleo y el carbón.

También refirieron que perpetúa externalidades negativas que terminan afectando a las poblaciones que viven en condiciones de alta marginación.

“Queda claro que el Gobierno de México no ha contemplado avanzar hacia una transición o transformación de las fuentes de generación eléctrica. Por el contrario, se observa que se favorece -y se continuará favoreciendo- la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles como el gas y el combustóleo. De ahí que nuestra preocupación radique en que dichas energías son altamente contaminantes y dañinas no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas”, sostuvieron en su pronunciamiento.

De acuerdo con informes anuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2020 a 2021, de toda la canasta de energéticos para la generación de electricidad, la fracción de la generación de energía proveniente del combustóleo pasó de una participación del 5.65 por ciento a 13.80 por ciento, es decir, la fracción de combustóleo se incrementó en más del 144 por ciento en tan sólo un año.

Sin embargo, la propia CFE ya había reconocido que este tipo de combustible es más caro, menos eficiente y con mayores impactos ambientales.

“Como organizaciones de la sociedad civil, consideramos que es fundamental que la política energética del país promueva una transformación justa, que atienda las brechas de desigualdad existentes, reduzca la pobreza energética y garantice el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas, especialmente aquellas que habitan los territorios en donde se localizan las centrales de generación de electricidad”, enfatizaron.


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