Zenyazen advierte que en las aulas no se permite la violencia en contra de niños y jóvenes

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Redacción

Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2022.- En lo que va de la administración estatal, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha cesado a un total de 31 docentes tras confirmar su participación en casos de abuso escolar. Ante ello, el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, reiteró que en esta administración se vela por la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las aulas.

Luego de la denuncia y manifestación que realizaron padres de familia de la comunidad de Jilotepec ante el supuesto caso de abuso físico y acoso escolar a niñas por parte de un maestro de primaria identificado como Eduardo «N», el funcionario estatal enfatizó que, en esta administración, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la prioridad es que los niños y jóvenes se desarrollen en ambientes sanos y, principalmente, que acudan a las aulas a aprender sin ningún temor.

Entrevistado desde el Congreso del Estado, donde asistió como invitado a la instalación e inicio de trabajos de la primera generación de la Escuela para Legisladores, el funcionario estatal fue tajante al advertir que la presencia de los alumnos en las aulas es solo para que adquieran conocimientos, mas no para ser violentados.

En este sentido, señaló que desafortunadamente la cifra de casos especiales en los que se ha confirmado una agresión de parte del docente hacia un alumno aumentó tras el regreso a clases presenciales, al pasar de 21 a 31 casos de maestros cesados por situaciones de acoso y agresiones sexuales.

«Hoy se aplica la ley y no se hacen oídos sordos. Quiero decirles que siempre estaremos al cuidado de nuestros estudiantes, que para nosotros son lo mejor que podemos tener en Veracruz», dijo.

Escobar García destacó que, a nivel nacional, Veracruz fue el primer estado en implementar un protocolo de atención y seguimiento a casos de acoso y abuso escolar. Sin embargo, como primer medida cautelar, se procede a la separación del docente o trabajador involucrado durante el desarrollo de la investigación, a fin de evitar vulnerar los derechos tanto de las víctimas como del trabajador, porque también se han detectado casos de falsas denuncias.


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