En la mira

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Dejan en prisión al ex diputado “roba cadáver”

 

Silverio Quevedo Elox

Cuando estaba por presuntamente obtener su libertad, el ex diputado local, Erik Iván Aguilar López, no fue absuelto, y en cambio se le vinculó de nueva cuenta a proceso para mantenerlo en prisión domiciliaria.

Como se sabe, Aguilar López, siendo diputado local, fue desaforado por la pasada Legislatura de la que formaba parte, después de llevarse el cadáver de una persona que había sido atropellada en el municipio de Alto Lucero el 29 de diciembre del 2019.

Y es que el legislador hizo alarde de su investidura y con el fuero que le daba ser representante popular se extralimitó al violentar las leyes en el caso y otras normas para llevarse el cuerpo de Delfino Aguilar, fallecido por atropellamiento, de una clínica en Alto Lucero hacia la casa de sus familiares.

Esto como quedó establecido en su momento, sin esperar la llegada de peritos y ministerio público para efectuar las diligencias, recordándose aquella expresión de “me llevaré el cuerpo así sea lo último que haga” y que además quedara grabado en un video en el que mostró su prepotencia e ignorancia de la ley.

Pero además el legislador del PT, partido que fue aliado de Morena, que ostenta el poder en el estado, no solo hizo eso, sino entonces diría que no le importaba o amedrentaba que se le imputaran delitos, porque a la “fiscal me la como en tacos”.

Tras los hechos, el diputado Aguilar López fue sujeto a proceso a solicitud de la Fiscalía, y se pidió al Congreso Local se le retirara el fuero por lo que un juez le decretó medida cautelar de dos años de prisión tras su detención en enero del 2020.

El diputado enfrentó entonces los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias y contra la procuración de la justicia, sin embargo, una vez cumplidos esos dos años, le fue modificada la medida cautelar por prisión domiciliaria.

Y cuando ya tenía un pie fuera de su casa, no de la cárcel, pero si del carácter de prisión domiciliaria, el ex diputado tuvo que quedarse encerradito de nuevo, cuando la Fiscalía sustentó y pidió al juez que se le vinculara a proceso

Pese al amparo federal que en su momento se le había otorgado el trabajo de la Fiscalía le echó abajo cualquier intento por evadir la justicia pero el mensaje fue más claro para un diputado en funciones hace dos años, como el de que en Veracruz no hay intocables.

 

MUY EN CORTO

TRANSITO PORTEÑO, LA CAJA CHICA. Cada día las oficinas de la dirección municipal de Tránsito a cargo de Arturo García parecen una romería.

Cada ciudadano que se topa con los “agentes” que prácticamente salen a la cacería, tienen que cumplir a dejar entre 450 y 1 500 pesos por las diferentes multas que aplica el ejército de recaudadores vestidos de oficiales de vialidad, con el argumento de la más mínima infracción al reglamento de tránsito.

En las últimas semanas la sicosis ciudadana volvió en las calles del puerto de Veracruz ante la amenaza de encontrarse con los agentes de Tránsito que a diestra y siniestra “incautan” a los automovilistas jarochos bajo cualquier pretexto para aplicarle una sanción y que acudan a las oficinas a pagar en efectivo o con tarjeta bancaria, cada día, recaudando cientos de miles de pesos, lo que al mes suman millones.

Es la caja chica del gobierno municipal y por ende, es el garrote con el que se golpea la economía del veracruzano, lejos de aquellos días en que fueron suspendidos los operativos y la “cacería” de los agentes previo a las elecciones para no molestar a la población y evitar el castigo en las urnas y que se perdieran los comicios.

En la dirección municipal de Tránsito se observan diariamente a cientos de ciudadanos que tienen que ir a cumplir con el pago de sus infracciones respectivas. Como la pandemia, buscando su vacuna, porque el virus de la corrupción, casi extorsión, les ha llegado.

Así es todos los días, y así el gobierno de Patricia Lobeira, se embolsa millones de pesos, libres de cargos hacendarios pues la mayoría paga en efectivo, lejos de fiscalización por parte de los entes responsables como el Orfis o la Contraloría, con el que se le puede dar cualquier uso que a beneficio de las autoridades municipales convenga.

 


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