Golpe histórico contra la “minería tóxica” en Veracruz

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Juan David Castilla

Pobladores de los municipios de Actopan y Alto Lucero lograron la suspensión definitiva de cuatro de las 24 concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía en la zona costera central del estado de Veracruz.

El pasado 22 de septiembre un juez federal emitió dicha resolución tras el amparo interpuesto el 25 de agosto por habitantes de dichas comunidades al considerar seriamente vulnerados sus derechos humanos a la vida digna, a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación en la toma de decisiones por la existencia de las concesiones mineras.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) considera que las actividades mineras en esta región representan graves afectaciones que ponen en riesgo el proyecto de vida de las comunidades, la cual está basada en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios ambientales que estos proporcionan.

“Eso presenta una violación a su derecho colectivo de seguir siendo quienes son y quieren ser como comunidades y familias. La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente”, se lee en el pronunciamiento.

CEMDA indica que las autoridades judiciales podrían pronunciarse en próximas semanas y suspender las 20 concesiones restantes que también forman parte del distrito minero citado.

“Permitiendo salvaguardar los derechos de las comunidades al evitar que se produzcan daños irreparables en esta región. Por su parte, la Secretaría de Economía presentó diversos recursos de revisión ante las cuatro suspensiones otorgadas (con los números 216694, 224414, 224416 y 243938), mismos que aún están sin resolverse”.

Los ambientalistas destacan que el distrito minero presenta un riesgo inaceptable para la población adyacente por la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.

Se prevé que esta industria extractiva tendría un impacto irreversible en la integridad de los socioecosistemas costeros únicos dónde se encuentran plantas endémicas milenarias y una zona de tránsito de aves rapaces.

FRENAN AL “CABALLO BLANCO”

CEMDA también informa que el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto “Exploración mediante Barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”.

Dicho proyecto había sido promovido por la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V. a través de un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-120-SERMANAT-2020.

Las normas ambientales señalan que no es posible realizar este tipo de actividades promovidas por el proyecto en la zona climática cálida que predomina en la región.

En ese sentido, celebran la suspensión definitiva de las cuatro concesiones así como la negativa al proyecto minero “Caballo Blanco”, acciones que representan un precedente importante en el resguardo de los ecosistemas y su vínculo con las personas que habitan en esta región.

“Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales correspondientes para que se mantenga la protección de los derechos humanos de las comunidades ante los riesgos que representan las actividades mineras”.

También mencionan que la organización colectiva como forma para defender la importancia socioecológica de este territorio único está logrando importantes éxitos.

Sin embargo, enfatizan que aún queda un largo camino por recorrer e invitan a las personas, comunidades y organizaciones interesadas a sumarse y solidarizarse con la causa.


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