El saqueo de 2021 en Veracruz
Luis Alberto Romero
La nueva revisión del Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, a la cuenta pública de 2021 sólo confirmó el saqueo al erario en Veracruz, cometido principalmente por los ayuntamientos.
Únicamente en 7 municipios no se detectaron irregularidades que hagan suponer un daño patrimonial; en el resto, 205, el monto de las observaciones no solventadas asciende a 2 mil 668 millones de pesos, en números redondos.
Ello indica que casi mil ex ediles y ex funcionarios municipales son candidatos a una denuncia por daño patrimonial: principalmente ex alcaldes, ex síndicos, ex tesoreros y ex directores de obras.
En la nueva revisión del ORFIS, al ayuntamiento de Tantoyuca le detectaron 187 irregularidades –derivadas de observaciones de tipo financiero-presupuestal y de anomalías en la obra pública–, por un monto de 252 millones 502 mil pesos.
Al gobierno municipal de Ixtaczoquitlán, el órgano auditor giró 49 observaciones que revelan un presunto daño por 218 millones 173 mil pesos.
Al de Veracruz, 117 millones 507 mil pesos; y al de Córdoba, 107 millones 324 mil, por 21 observaciones; 16 de carácter financiero y 5 más producto de la revisión técnica de la obra pública.
Entre cuatro ex alcaldes panistas veracruzanos se acumuló un presunto daño patrimonial por 695 millones 506 mil pesos, de acuerdo con la nueva revisión de ORFIS a la cuenta pública de 2021.
Ya se veía, desde inicios de octubre –cuando se dieron a conocer los resultados de la auditoría inicial del ORFIS a la cuenta pública de 2021–, que entre esos cuatro ayuntamientos veracruzanos, encabezados por Amado Guzmán Avilés, Miguel Ángel Castelán, Fernando Yunes Márquez y Leticia López Landero, se romperían todos los récords de irregularidades.
Esos cuatro ayuntamientos acumulan más del 26 por ciento del total de las irregularidades detectadas por el órgano auditor a los 212 municipios de la entidad.
En la nueva revisión a los ayuntamientos, por cierto, el ORFIS no dejó títere con cabeza; además de los ya mencionados, al gobierno municipal de Xalapa, del morenista Hipólito Rodríguez Herrero, le detectaron un presunto daño patrimonial por más de 42 millones; en tanto que al de Poza Rica, de Francisco Javier Velázquez Vallejo (Morena), casi 8 millones.
El ayuntamiento panista de Orizaba, encabezado por Igor Rojí, presenta un probable daño patrimonial cercano a los 18 millones de pesos; y el de Tuxpan, de Antonio Aguilar Mancha, 80 millones 800 mil pesos.
El municipio de San Andrés Tuxtla, de Octavio Pérez Garay (independiente), tuvo observaciones del ORFIS por 33 millones 700 mil pesos; en tanto que Martínez de la Torre, de José de la Torre Sánchez (PAN), poco más de 15 millones.
A Papantla, municipio que fue gobernado por Marcos Romero Sánchez, le detectaron un presunto daño patrimonial por 56 millones 700 mil pesos; y a Boca del Río, cuyo presidente era Humberto Alonso Morelli, por 34 millones 700 mil.
En términos generales, ese fue el saldo del llamado año de Hidalgo en los municipios de la entidad; y lo destacable es que entre siete municipios panistas y uno perredista –Tantoyuca, Ixtaczoquitlán, Veracruz, Córdoba, Tuxpan, Papantla, Boca del Río y Martínez de la Torre, el monto del daño patrimonial casi llega a los 900 millones de pesos. @luisromero85
