La videovigilancia de Yunes, el gran fraude y simulación
Silverio Quevedo Elox
Lorenzo Antonio Portilla, el extitular del Orfis se dijo perseguido y amenazado supuestamente por intentar denunciar el caso del millonario fraude con el sistema de videovigilancia colocado en Veracruz durante los dos años de gobierno del panista del 2016 a 2018, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares.
Fue allá por junio de 2019 cuando Portilla Vázquez reveló que meses antes fue producto de dichas advertencias cada vez que recurría a México a buscar interponer la querella, pero al final, todo resultó más que una verdadera farsa del exauditor. Pues todo indicaba que estaba en complicidad con el entonces mandatario.
Según el funcionario fiscalizador, las amenazas se presentaron cuando estaba por terminar las auditorías técnicas y financieras de dicho fraude sobre un contrato de más de mil 100 millones de pesos y que nunca funcionó como debía, es más, el titular de SSP en el gobierno de Cuitláhuac García dio a conocer que encontraron un engaño.
De acuerdo con la información de entonces, de un total de 6 mil 324 cámaras únicamente funcionaban mil 695, es decir solo el 28 por ciento, de lo que prometió Yunes Linares desde el 22 de octubre de 2017. La mayoría presentaron deficiencias.
El 9 de abril del 2022, el entonces secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar por peculado al exmandatario panista.
Expedientes que hoy se sabe fueron mal integrados y que todo fue para no encontrar anomalías o proceder cuando era evidente el fraude de lo que la FGR se hizo de la vista gorda.
Ahora, aparentemente hay voluntad política para atender las denuncias y el enorme fraude que por cierto, tiene que ver el contrato con la empresa Comtelsat S.A. de C.V., vinculada al dueño de la empresa Bloomberg, y del periódico El Financiero, Miguel Arroyo, y con quien se relaciona que triangulaba el también exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
¿ASF A FONDO O MÁS SIMULACIÓN?
Esta semana trascendió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estaría reactivando las denuncias contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes y quienes resulten responsables por la instalación fraudulenta de las 6 mil cámaras de videovigilancia.
Lo extraño es que estos expedientes los tiene, desde hace más de tres años, precisamente ese órgano fiscalizador, y que estaban durmiendo el “sueño de los justos”, además de las carpetas de investigación que se debieron abrir en la FGR, ante el carpetazo que se le ha dado desde entonces en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Se acusó que el mismo ente, “archivó” el expediente del fallido Sistema Estatal de Videovigilancia y que por ello, la ASF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los hechos de corrupción.
Según trascendió, esta es la primera vez que la ASF emprende acciones penales por irregularidades detectadas en una Cuenta Pública del bienio.
En su auditoría de cumplimiento correspondiente al año 2018, la ASF identificó diversas anomalías en la gestión de 350 millones de pesos destinados al Sistema Estatal de Videovigilancia. Es importante destacar que el sistema debía estar en funcionamiento desde el 16 de agosto de 2018.
Esto, de un contrato total de más de mil 100 millones que se otorgó a la empresa mencionada y que se encuentra vinculada a las redes y negocios que hizo el también titular de SSP federal en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, hoy detenido en una cárcel de Estados Unidos.
Según la información difundida esta semana, en marzo de 2020, el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, confirmó la colaboración con la ASF para abordar el daño patrimonial ocasionado por el Sistema de Videovigilancia. Subrayó que la prioridad era “resarcir dicho daño”.
Esto quizá ante la presión de los comentarios constantes y que mantiene vigente su percepción de corrupción del panista Yunes, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde la máxima tribuna, instalada durante la mañanera, el tabasqueño constantemente señala que el actual mandatario, Cuitláhuac García no es igual a los anteriores y menciona más de una vez a Yunes diciendo que es de un gobierno corrupto, pero hasta ahora nadie ha procedido.
Incluso el exgobernador, Javier Duarte se pitorreó vía Twitter, diciendo que ojalá no haya impunidad hacia su verdugo que fue quien lo metió en la cárcel y en donde está desde el 2017.
Duarte también dijo que Yunes era socio y estaba ligado a García Luna, pero tampoco resultó investigado por ello.
En cambio el exgobernador panista, muy seguro de sí mismo, se presenta al menos una vez por semana en los restaurantes de Veracruz y Boca del Río, ya sea desayunando o comiendo.
Incluso, el fin de semana pasado, hasta se hizo fotografiar y presumió en las redes, la foto con su hijo Miguel Ángel, en algún lugar de la conurbación.
Es decir, es un político intocable, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en Morena o la llamada Cuarta Transformación.
MUY EN CORTO
LAS BONANZAS DEL SALSA FEST. El mejor acierto entre las autoridades municipales y estatales es haberle dado continuidad a este festival implantado desde los gobiernos estatal y municipal, priistas, con Javier Duarte en el estado y Salvador Manzur en Boca del Río.
La conurbación tiene una importante reactivación sin duda que se palpa con la presencia de turistas, autobuses llenos estacionados en hoteles, filas en los restaurantes y hasta los comercios de comida en la vía pública.
Lo mismo se ve favorecido el vendedor de pollos asados o carnitas que en los restaurantes tres y cuatro estrellas en Boca del Río y Veracruz.
Es real en ambas ciudades, lejos de la danza de cifras que aparecen comúnmente de organismos empresariales y del gobierno.
Pero si se quisiera tener una base suena interesante que de acuerdo a la secretaría de Turismo, se tiene una estimación de 100 mil asistentes cada uno de los tres días en que se realizó tan importante certamen musical.
Según también dicho cálculo lleva a pensar en una derrama de hasta 400 millones de pesos para hoteleros, comerciantes en general, transporte público, restaurantes y otro tipo de negocios informales.
