Imagine usted que compra un auto usado sin saber que ese vehículo fue causante del atropellamiento de una persona que está grave, y una autoridad competente lo obliga a pagar los gastos de hospitalización, médicos y medicinas. Como que no checa ¿verdad?

Es lo mismo que le está ocurriendo al gobierno de Cuitláhuac García al que la SCJN lo está obligando a pagar a 109 ayuntamientos más de 2 mil millones de pesos que desvió la administración de Javier Duarte.

Lo patético del asunto es que mientras Cuitláhuac tendrá que tomar ese dinero del presupuesto, el gordo Duarte saldrá en tres años a disfrutar de esos 2 mil millones y de otros miles más que se habría robado junto con su banda.

No cabe duda que ya no hay moral.

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