Redacción Hora Cero
Diez ediles que conforman el Cabildo de Álamo Temapache presentaron una denuncia formal de juicio político ante el Congreso del Estado contra la presidenta municipal, Blanca Lilia Arrieta Pardo, exigiendo su destitución inmediata por presuntas irregularidades, abusos de poder y abandono de funciones.
De acuerdo con el documento ratificado el 19 de mayo, los ediles acusan a la alcaldesa de comprometer la gobernabilidad del municipio y permitir un ambiente de corrupción. Entre los señalamientos más graves se encuentra su reiterada ausencia —en al menos cinco ocasiones— sin notificar al Cabildo, así como la firma de contratos y convenios internacionales sin aprobación del cuerpo edilicio ni del Congreso estatal.
Además, la presidenta municipal es señalada por ejercer violencia política y acoso laboral, especialmente hacia trabajadoras del Ayuntamiento, lo que ha generado un clima de inestabilidad administrativa. También se le acusa de impedir o manipular las sesiones de Cabildo, violando la Ley Orgánica del Municipio Libre y restringiendo la transparencia de las sesiones públicas.
Otro punto crítico en la denuncia refiere el uso discrecional de los recursos públicos para promover la imagen de su hija, quien preside el DIF Municipal y que —según los regidores— ha suplantado funciones oficiales de la alcaldesa sin sustento legal, manejando personal y recursos municipales a su cargo.
La situación se agravó durante la reciente Feria de la Naranja, donde la edil intentó realizar pagos y transferencias sin autorización del Cabildo, lo que llevó al Tesorero a negarse. Como represalia, la alcaldesa habría cesado a la contadora de Tesorería y a otros funcionarios clave, en un intento por desmantelar el área financiera, esto según testimonio de los regidores.
Los ediles firmantes consideran que estos hechos no solo vulneran la legalidad, sino que constituyen un “ataque directo a las instituciones” y exigen al Congreso actuar con prontitud para evitar daños irreversibles a la administración y a la ciudadanía alamense.
La solicitud fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, que deberán evaluar la procedencia del juicio político conforme a las leyes vigentes.
