Juan David Castilla
Durante el proceso electoral de 2025 en Veracruz, se registraron 32 eventos de violencia político-criminal. En 17 de estos casos (53.1%) fueron precandidatas o candidatas, presuntamente atacadas por grupos del crimen organizado.
De ellas, tres fueron asesinadas; dos más fueron secuestradas y posteriormente liberadas; otras dos sobrevivieron a ataques armados, y al menos diez recibieron amenazas que las obligaron a abandonar la contienda electoral.
Sin embargo, la violencia política en Veracruz no es un fenómeno nuevo. Desde 2018, la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más casos de violencia política, de acuerdo con la base de datos Votar entre balas.
En estos siete años, se han documentado 99 asesinatos de funcionarios públicos, candidatos, integrantes de partidos políticos y sus familiares.
A ello se suman 34 asesinatos de funcionarios de seguridad en ataques directos, es decir, en circunstancias donde no se encontraban en combate ni pudieron defenderse.
Aunque los asesinatos representan el 58 por ciento de los casos de violencia política en Veracruz que hemos registrado, no son la única forma de violencia extrema que enfrentan actores políticos y funcionarios de seguridad.
Al igual que en el resto del país, la violencia política en Veracruz muestra un
comportamiento cíclico que se intensifica durante los periodos de elecciones locales.
Cada vez que se renuevan presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, los ataques contra actores políticos aumentan de forma significativa.
“Sin embargo, esta violencia no desaparece por completo una vez terminados los procesos electorales. La violencia persiste, lo que sugiere que los grupos armados mantienen una presencia activa en el ámbito político local más allá del calendario electoral, buscando influir, castigar o controlar a quienes ocupan cargos públicos”, se lee en una parte del informe.
Se observan algunos focos rojos con mayor cantidad de víctimas de violencia política en tres regiones: norte, centro y sur. En el
norte sobre todo en los municipios de Poza Rica de Hidalgo (con 12 personas del ámbito de la política y funcionarios de seguridad atacados en todo el periodo), Tecolutla (7), Pánuco (6), Tihuatlán (5), Coxquihui (4). En el centro en Córdoba (11), Yanga (7), Rafael Delgado (6), Ixtaczoquitlán (6) y Amatlán de los Reyes (5). Y al sur en los municipios de Acayucan (12), Texistepec (9), Isla (6), San Juan Evangelista (4) y Soconusco (4).
El caso más reciente: el asesinato de Yesenia Lara, ocurrido el 11 de mayo de 2025, tuvo lugar en el sur del estado, en el municipio de Texistepec. Además, dos asesinatos se registraron en el municipio de Misantla, ubicado en la región centro, lo que refuerza la idea de que esta violencia afecta diversas zonas del estado.
